EscucharManagua. La opositora y exaspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, acudió este viernes por segundo día al juicio en su contra, en el que testigos de la Fiscalía buscaron responsabilizarla de lavado de activos, tras acusaciones formuladas por el gobierno de Daniel Ortega.
En la audiencia, el Ministerio Público presentó el testimonio de policías y de un perito informático que analizó “pruebas basadas en publicaciones de redes sociales”, precisó el independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que documenta los juicios.
Chamorro, quien ha permanecido nueve meses incomunicada en arresto domiciliario, es procesada en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía, en Managua, una prisión conocida como El Chipote.
Al ingresar “la obligaron (nuevamente) a usar uniforme azul y esposas de plástico”, denunció en Twitter el Cenidh. Los abogados calculan que la audiencia puede extenderse al menos cinco días más, explicó.
Una fuente cercana a la familia Chamorro dijo que este viernes comparecieron nueve testigos, de los más de 40 que tienen previsto participar.
Chamorro, de 68 años y periodista de profesión, es acusada de lavado de dinero y otros tres delitos cometidos supuestamente durante su gestión como líder de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (VBCH).
La fundación llevaba el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y se dedicaba a promover la libertad de prensa. Según la Fiscalía, la entidad recibía dinero para desestabilizar al gobierno de Ortega.
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Junto con Cristiana también son procesados su hermano Pedro Joaquín, dos exfuncionarios de la FVBCH, Walter Gómez y Marcos Fletes y el chófer de ella, Pedro Vázquez.
Todos forman parte de un grupo de 46 opositores detenidos el año pasado, en la antesala de las elecciones de noviembre donde el exguerrillero Ortega obtuvo su cuarto mandato consecutivo. Uno de los presos murió por enfermedad el 12 de febrero.
Entre los detenidos hay siete aspirantes a la presidencia, quienes quedaron inhabilitados para competir con Ortega.
Los opositores son juzgados al amparo de una ley de Defensa de la Soberanía, aprobada en 2020 por el Congreso que controla el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La norma castiga a quienes promueven actos que atentan contra la integridad nacional, apoyan sanciones y la injerencia extranjera.
Al menos 33 de ellos ya fueron declarados culpables, en su mayoría por “menoscabar la integridad nacional”, y 25 condenados a penas que van entre 8 y 13 años de prisión.
La oposición y la comunidad internacional consideran que las detenciones tuvieron motivaciones políticas y buscaron asegurar la continuidad de Ortega en el poder.
