EscucharCiudad de Guatemala. La máxima instancia judicial de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad (CC), rechazó este lunes el pedido de amparo presentado por la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras, con el objetivo de detener las protestas que exigen su renuncia.
La CC expresó en su resolución que “no existen circunstancias que justifiquen la concesión del amparo provisional”. Esta decisión fue interpretada por diversos sectores como un intento de censurar las voces críticas hacia la gestión de Porras.
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La Corte destacó que los ciudadanos han ejercido su “derecho de manifestación” sin poner en riesgo el orden público ni las funciones constitucionales del Ministerio Público, es decir, la Fiscalía.
Porras presentó su solicitud de amparo el viernes pasado ante la CC, alegando sentirse agraviada en las redes sociales y debido a las protestas que demandan su renuncia. Estas protestas surgieron después de que la fiscal abriera una investigación contra el partido Semilla, del actual presidente electo, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, en plena campaña electoral.
Las investigaciones sobre posibles irregularidades en la lista de afiliados del partido Semilla fueron objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional, al considerarse un intento de politizar el proceso electoral.
Según Porras, quien fue incluida por Estados Unidos en 2021 en una lista de personajes “corruptos” de Centroamérica, las manifestaciones y los mensajes en redes sociales, como X (anteriormente conocida como Twitter), constituyen actos de “obstrucción a la justicia” y limitan “el ejercicio de la persecución penal”.
La Fiscalía también llevó a cabo allanamientos contra el Tribunal Supremo Electoral, que se negó a suspender al partido Semilla, tal como lo ordenó un juez a solicitud del fiscal Rafael Curruchiche, después de que Arévalo sorprendentemente avanzara al balotaje presidencial que ganó el 20 de agosto, derrotando a la exprimera dama Sandra Torres, también socialdemócrata.
“La fiscal general busca que el poder público viole los derechos fundamentales de las personas, incluyendo la libertad de expresión, asociación y manifestación”, afirmó el domingo Edie Cux, director de Acción Ciudadana, el capítulo local de la ONG Transparencia Internacional, al presentar una acción legal en contra del pedido de Porras ante la CC.
Los llamados a la renuncia también se extendieron hacia Rafael Curruchiche y la fiscal Cinthia Monterroso, quienes también fueron catalogados como “corruptos” por parte de Washington.
