Corte IDH condena a Guatemala por violar derechos de indígenas al permitir mina

La sentencia, publicada este viernes, sostiene que el país permitió la usurpación y operación de una mina de níquel en sus tierras ancestrales.

“Guatemala (es) responsable internacionalmente por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la integridad personal, a las garantías judiciales, al acceso a la información, a la propiedad, a los derechos políticos y el derecho a la protección judicial” de la comunidad indígena Agua Caliente, según el fallo.

La Corte IDH, con sede en San José, ordenó al Estado guatemalteco titular y demarcar el territorio en cuestión y reparar integralmente las consecuencias de las violaciones, especialmente los daños ocasionados por la falta de titulación y por el proyecto minero.

Las más de 1.353 hectáreas de tierras ancestrales de la comunidad fueron reclasificadas como “lote” en el siglo XIX por el Estado, ubicadas en el municipio de El Estor, a unos 300 km al noreste de Ciudad de Guatemala.

A pesar de que la comunidad tituló las tierras a su nombre en 1974, la entrega formal de los documentos se realizó en 2019, después de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que indicó que los documentos se extraviaron.

Durante este tiempo de demora, en 2004, se estableció el proyecto minero “Fénix” en parte del territorio q’eqchi’, operando a pesar de inconsistencias legales y las objeciones de la comunidad, según la Corte IDH.

La concesión minera, según la Corte, no respetó las costumbres y formas de organización de las comunidades indígenas. Estas comunidades afirman que el proyecto minero causó severos daños ambientales, y una protesta en 2017 resultó en la muerte de un pescador.

La mina, operada por dos subsidiarias de la empresa suiza Solway Investment Group, suspendió operaciones en marzo pasado tras ser sancionada por Estados Unidos por corrupción y tráfico de influencias.

Además de las violaciones a los derechos territoriales, la comunidad también fue víctima de actos de agresión y violencia, incluyendo atentados contra la vida, hostigamientos y amenazas entre 2006 y 2019, mientras esperaban la entrega del título de propiedad extraviado, según lo indicado en la sentencia.