EscucharEste miércoles el régimen Ortega-Murillo ordenó quitarle la nacionalidad a 94 nicaragüenses que incluye a periodistas, escritores, sacerdotes y opositores exiliados en diferentes partes del mundo, aunque el epicentro es en Costa Rica. Además, confiscó sus propiedades.
Este grupo de personas, que ahora corren la misma suerte de los 221 presos políticos liberados la semana anterior, fueron acusados por el Ministerio Público por el supuesto delito de “traición a la patria”, según unas resoluciones emitidas este 15 de febrero por jueces sandinistas de Distritos Penales de Audiencias de la Circunscripción Managua.
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El listado incluye a Carlos Fernando Chamorro, y su esposa Desirée Elizondo. También al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez; la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez; los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli; el excomandante de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en los años ochenta, Luis Carrión; la exguerrillera Mónica Baltodano; el excanciller Norman Caldera; el exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields; el exfiscal Yader Morazán, y el exdiputado Eliseo Núñez Morales, entre otros, según se detalla en un documento emitido por las autoridades locales.
Daniel Ortega despojó de su nacionalidad a 94 nicaragüenses más y confiscó propiedades
La sentencia se dio a conocer este miércoles, por el magistrado del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, quien leyó la resolución.
Además, les impusieron penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua.
Daniel Ortega no quiere una sola huella de quien opine en contra de su dictadura o de quien se declare un opositor a la manera en la que gobierna esta nación centroamericana desde el año 2006.
En siete días despojó a 315 personas de su nacionalidad de manera arbitraria.
“Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública (...), así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspendidos sus derechos ciudadanos de forma perpetua”.
“A esta hora los deportados ya están en Estados Unidos de América. Así damos por cumplida la sentencia”, declaró, el pasado 9 de febrero, el magistrado Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, a medios oficialistas nicaragüenses.
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