EscucharLa organización Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves en su último informe que durante el régimen de excepción, las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y torturas, que podrían dar lugar a responsabilidad penal internacional.
“Como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos, y criminalizando a las personas en situación de pobreza. En lugar de dar una respuesta efectiva a la dramática violencia que generan las pandillas y los retos históricos de seguridad pública que enfrenta el país, están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
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El gobierno del presidente Nayib Bukele decretó el régimen de excepción el pasado 27 de marzo, tras un pico de homicidios que fueron atribuidos a las pandillas, y lo ha extendido dos veces hasta la fecha. De acuerdo con la organización, al menos 18 personas han muerto bajo tutela del Estado desde entonces.
Guevara presentó este jueves el resultado de una investigación desarrollada desde hace algunas semanas sobre la situación de derechos humanos en El Salvador, en el contexto de la imposición del régimen de excepción. Allí lograron documentar, por medio de testimonios, al menos 28 casos de violaciones de derechos.
La medida del régimen de excepción ha permitido a las autoridades detener sin orden judicial a más de 36.000 supuestos pandilleros, entre ellos más de 1.000 menores, que luego son enviados a jueces sin rostro que pueden ampliar la detención provisional de 15 días a seis meses.
Según Amnistía, miles de esas personas son detenidas de forma arbitraria, sin las condiciones legales mínimas para poder defenderse, y solamente siguiendo discursos de estigmatización del gobierno de Bukele, como tener tatuajes o vivir en una zona controlada por una pandilla.
“Es alarmante observar cómo los tres poderes del Estado, incluyendo las instituciones de justicia, están funcionando de manera sumamente coordinada para procesar de forma sumaria, ilegal e indiscriminada a miles de personas. El uso político de las instancias creadas para garantizar justicia atenta contra el Estado de Derecho y está favoreciendo la comisión de graves violaciones de derechos humanos e incluso crímenes de derecho internacional”, aseguró Guevara.
“La detención y procesamiento penal sin las debidas garantías judiciales de más de 35.000 personas en menos de tres meses no habría sido posible si las instancias de justicia cumplieran su mandato. En cambio, están actuando como cómplices de una política de seguridad ordenada desde el más alto nivel”, agregó la funcionaria.
Entre otras cosas, la organización también denunció torturas y malos tratos de parte de las autoridades salvadoreñas, que ya causaron la muerte de al menos 18 personas a manos del Estado. De acuerdo con el informe, en uno de los casos un adolescente de 16 años fue encadenado a la pared en un centro de detención policial para adultos y expresó haber sido golpeado por agentes policiales en su primera noche detenido.
“Posteriormente fue trasladado a un Centro de Resguardo de Menores, donde miembros de una pandilla con quienes compartía celda le torturaron continuamente. Según declaró, estos actos de tortura y malos tratos se dieron con el conocimiento y tolerancia de los funcionarios del Centro”, apuntó Amnistía Internacional en su reporte.
‘A punto de ganar la batalla’
El miércoles, Bukele brindó un discurso a la nación en relación con su tercer año de gobierno y aseguró que está “a punto de ganar la batalla” contra las pandillas y en respuesta a los críticas manifestó que “El Salvador es un país soberano” y que “tomará las decisiones que consideremos correctas”.
Entre las medidas tomadas por el Congreso controlado por el oficialismo, están la aprobación de una reforma para castigar con hasta 45 años de prisión a los miembros de pandillas. La reforma también incluye penas de hasta 15 años de prisión por la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación.
Esas reformas legislativas aprobadas, según Guevara, “atentan contra el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías judiciales, así como aquellas que facilitan el uso indebido del derecho penal y que atenta contra la defensa de los derechos humanos”.
La organización también criticó que funcionarios públicos y medios oficialistas han acusado públicamente a periodistas e investigadores de tener vínculos con pandillas, en “un intento de estigmatizar y cohibir el ejercicio periodístico”. Guevara instó a Bukele a “revertir inmediatamente las reformas legislativas que atentan contra los derechos Humanos” y a poner fin al régimen de excepción, que fue prorrogado hasta finales de junio.
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