EscucharWashington. Estados Unidos ofreció este miércoles su apoyo a Honduras para realizar una reforma energética en el país, un día después de que este tema provocó el primer roce entre el gobierno izquierdista de Xiomara Castro y la embajada estadounidense en Tegucigalpa.
“Estados Unidos está listo para trabajar en estrecha colaboración con Honduras para realizar las reformas necesarias para mantener las luces encendidas y promover la seguridad energética para el pueblo de Honduras”, dijo en Twitter el subsecretario de Estado para Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José W. Fernández.
LEA MÁS: Primer roce de Estados Unidos con gobierno izquierdista de Xiomara Castro en Honduras
“Tomarse el tiempo para resolver este complicado sector generará enormes dividendos económicos a corto plazo”, afirmó.
El canciller Honduras, Enrique Reina, no tardó en contestar.
“El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro seguirá trabajando con los EE. UU. y encontraremos los puntos de coincidencia para restaurar el Estado Derecho y la seguridad jurídica perdida en los últimos años”, aseguró en la misma red social.
El martes, Reina había criticado los comentarios sobre el proyecto de reforma energética en Honduras expresados por la embajadora estadounidense en el país, Laura Dogu.
Dogu, que asumió el 12 de abril al reanudarse plenamente las relaciones diplomáticas entre Washington y Tegucigalpa, a nivel de encargado de negocios desde 2007, señaló preocupación por el “efecto” de la propuesta de reforma “sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora de energía”.
“Sra Embajadora Ud. ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza. Nos preocupa su desacertada opinión sobre política interna, la que no contribuye a las buenas relaciones con EEUU”, reaccionó poco después Reina.
El proyecto para una reforma estructural del sector de la energía eléctrica, enviado el lunes por el gobierno de Castro al Congreso, busca garantizar el servicio como un “bien público de seguridad nacional” y un “derecho humano de naturaleza económica y social”.
La iniciativa supone revisar los contratos con las generadoras de energía para rebajar el precio del kilovatio/hora. Y en caso de desacuerdo, autoriza a “plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado” pagando el “justiprecio” de las plantas.
El gobierno de Castro busca resolver el problema de la deuda acumulada de la empresa eléctrica estatal (ENEE), que compra la energía de las generadoras privadas para distribuirla a unos dos millones de clientes.
Expertos han señalado que los gobiernos anteriores negociaron contratos “leoninos” con las generadoras por los altos precios en que fijaron el kw/h, muy por encima de los precios de los demás países de Centroamérica.
