EscucharSan Salvador. El Congreso salvadoreño extendió este miércoles un régimen de excepción, parte de la estrategia “antipandillas” liderada por el presidente Nayib Bukele, que resultó en la detención de aproximadamente 72.000 individuos asociados a estas agrupaciones criminales.
El decreto, avalado por 67 legisladores mayoritariamente afines al oficialismo, prolonga la decimoséptima fase de esta medida, en vigor del 15 de agosto al 13 de setiembre.
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La justificación radica en la necesidad de brindar a las autoridades “herramientas excepcionales” para enfrentar el “grave actuar delictivo” de las estructuras criminales remanentes, como expresa el decreto, especialmente en vista de “ataques armados” que causaron heridas a dos oficiales el pasado 30 de julio. Esto llevó a Bukele a desplegar a 8.000 militares y policías en el departamento de Cabañas a partir del 1°. de agosto.
Claudia Ortiz, representante del partido opositor Vamos, expresó su pesar por la falta de derechos de defensa para los detenidos inocentes, ya que las garantías en este sentido fueron suspendidas. Según Ortiz, las detenciones pueden incurrir en errores que afectan a personas inocentes, alejadas de la actividad criminal.
Suecy Callejas, vicepresidenta del Congreso, sostuvo que el régimen de excepción es una herramienta legal y constitucional esencial para abordar un problema grave, dada la presencia generalizada de pandilleros. Callejas subrayó que la medida demuestra ser efectiva.
Desde marzo de 2022, el gobierno de El Salvador libra una “guerra” contra las pandillas, en respuesta a una escalada de 87 homicidios en un fin de semana atribuidos a estas organizaciones. Esta estrategia opera bajo el régimen de excepción, que es cuestionado por diversos grupos de derechos humanos.
En un lapso de 16 meses, más de 72.000 presuntos pandilleros fueron detenidos bajo el régimen de excepción, que faculta arrestos sin orden judicial. Sin embargo, más de 5.000 individuos inocentes fueron liberados.
Diversas encuestas arrojan que en promedio, 9 de cada 10 salvadoreños sienten seguridad con respecto al régimen de excepción.
