EscucharWashington. El gobierno estadounidense de Joe Biden publicó este martes el informe anual del Departamento de Estado sobre derechos humanos en el que Cuba y Nicaragua salen muy mal parados.
El documento señala a los gobiernos que “han encarcelado, torturado o incluso asesinado injustamente a opositores políticos, activistas, defensores de los derechos humanos o periodistas” citando, además de Rusia y China, a Corea del Norte, Siria y Nicaragua, donde acusa al presidente Daniel Ortega de favorecer “activamente la impunidad” de quienes violan los derechos humanos si les son leales.
El texto, que abarca 198 países y territorios, documenta abusos contra manifestantes pacíficos que exigen democracia y libertades fundamentales en Birmania, Bielorrusia, Hong Kong, Sudán o Cuba, un “estado autoritario”, dice, donde la mayoría de los abusos son cometidos por “funcionarios gubernamentales bajo la dirección de sus superiores”.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, condenó derivas en países aliados de Washington, como Egipto, al que achacó el encarcelamiento del abogado y defensor de los derechos humanos Mohamed al-Baqer, o Etiopía donde asegura que “todos los beligerantes” han “cometido atrocidades”. Además, rechazó las críticas de las organizaciones de derechos humanos que lamentan que el gobierno estadounidense no ejerza suficiente presión sobre ciertos países aliados. “Tanto si es un país amigo o un país con el que tenemos realmente discrepancias, nuestra unidad de medida es la misma”, porque los derechos humanos “son universales”, insistió.
Estados Unidos entona en cambio el mea culpa de puertas para adentro. “Hemos reconocido que nuestra nación no siempre ha logrado proteger la dignidad y los derechos de todos los estadounidenses”, reconoce el informe.
Joe Biden considera los derechos humanos como una piedra angular de su política exterior y en diciembre pasado celebró la Cumbre por la Democracia, de la que quedaron excluidos varios países latinoamericanos: Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití, todos ellos citados en el informe, que les acusa de corrupción e impunidad.
El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro “no tomó ninguna acción efectiva para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o corrupción”, afirma el informe que, además, citando al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), denuncia el hacinamiento y condiciones muy duras en las cárceles.
Pero en 2021 también hubo avances en los derechos humanos, unos “signos de progreso y destellos de esperanza” que enumera el informe: en Irak, las elecciones fueron más transparentes que en 2018, en Botsuana un tribunal despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo y en Turkmenistán se indultó a los testigos de Jehová encarcelados por ser objetores de conciencia a realizar el servicio militar.
“Durante muchos años, hemos sido testigos de un retroceso alarmante de la democracia, el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos en muchos lugares del mundo”, declaró Blinken, al presentar a la prensa el informe anual del Departamento de Estado sobre derechos humanos.
“Desde la publicación de nuestro informe anterior”, hace un año, “lamentablemente, este retroceso ha continuado”, agregó.
Blinken mencionó la situación en Ucrania desde que fue invadida por Rusia como el caso “más flagrante” de las “consecuencias humanas de este retroceso”.
Y volvió a acusar a las tropas rusas de “atrocidades generalizadas” en las zonas que han ocupado, como “cuerpos dejados en las calles con las manos atadas; teatros, estaciones de tren, edificios reducidos a escombros con civiles en su interior”; “testimonios de mujeres y niñas que han sido violadas, y civiles asediados, que mueren de hambre y frío”.
El secretario de Estado denunció sobre todo las violaciones de derechos humanos en países con los que Estados Unidos tiene relaciones mediocres, como China, a la que acusa una vez más de cometer un “genocidio” contra los musulmanes uigures. O las “detenciones arbitrarias de mujeres, manifestantes y periodistas” en Afganistán, desde que los talibanes tomaron el poder en agosto.
