EscucharEstados Unidos perdió la paciencia ante la falta de interés de dialogar por parte Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y decidió suspender las visas de 500 funcionarios, y sus familiares.
Para el gobierno de Joe Biden, el régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo se resisten a dialogar y buscar una posición democrática en el país.
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“Nicaragua, bajo el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, es ahora un Estado autoritario de un solo partido que silencia la disidencia interna, encarcela opositores políticos, cierra los medios independientes y organizaciones no gubernamentales, y ataca a los líderes religiosos y sus seguidores (...).
“El Departamento de Estado anunció la imposición de restricciones de visa a más de 500 personas nicaragüenses y sus familiares, de conformidad con la proclamación presidencial 10309. Estas personas incluyen miembros de servicios de seguridad de Nicaragua, como la Policía Nacional de Nicaragua, funcionarios penitenciarios, jueces, fiscales, funcionarios de educación superior y actores no gubernamentales que permiten la represión y la corrupción del régimen, así como a sus familiares”, explicó Ricardo Zúñiga, secretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los EE. UU., en una conferencia de prensa en la que participaron medios de la región.
Para las autoridades estadounidenses, estas personas y sus facilitadores, en “lugar de garantizar la seguridad de los nicaragüenses, permitieron y facilitaron represiones violentas, detenciones injustas, juicios falsos y sentencias de prisión que abarcan décadas para cientos de presos políticos”.
Las acciones firmadas el lunes por Biden, en las que incluyen sanciones a la exportación del oro, son quizá las medidas más agresivas para castigar al presidente nicaragüense. Además, represalias tomadas anteriormente estaban enfocadas en Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, así como familiares y otros allegados. Pero ninguna de esas medidas afectaba el poder del mandatario.
“El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y sus aliados políticos, continúan utilizando las ganancias derivadas de la producción y la venta de oro para enriquecerse y pagar quienes mantienen el régimen en poder”, dijo Zúñiga.
