EscucharCiudad de Guatemala. La Fiscalía de Guatemala solicitó este miércoles que se les retire el fuero a los magistrados electorales debido a presuntas anomalías en la adquisición de un sistema informático durante las elecciones de este año, las cuales fueron ganadas por el candidato socialdemócrata Bernardo Arévalo.
La solicitud fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia, “debido a la posible comisión de los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad” por parte de los cinco magistrados titulares y cuatro suplentes, según informó el vocero del Ministerio Público (MP, Fiscalía), Juan Luis Pantaleón, en declaraciones a los medios.
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El portavoz señaló que esta acción legal se enmarca en el seguimiento a una denuncia presentada el 29 de junio pasado en contra del pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como del departamento informático de la entidad.
El MP, bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras, inició una campaña legal contra el TSE y el partido político Semilla de Arévalo, alegando supuestas irregularidades en la inscripción de afiliados para su creación en 2017.
El pasado 14 de setiembre, el presidente electo solicitó que se les retire la inmunidad a Porras y al juez Fredy Orellana, a quienes acusa de orquestar un “golpe de Estado” con el propósito de evitar que asuma el cargo el 14 de enero y sustituir al presidente derechista Alejandro Giammattei.
La persecución legal contra Semilla se intensificó después de que Arévalo quedara en segundo lugar en las elecciones del 25 de junio y pasara a la segunda vuelta, la cual ganó el 20 de agosto frente a la exprimera dama Sandra Torres.
“Las denuncias expresadas por el Ministerio Público carecen de claridad y tipificación legal, y son claramente persecutorias hacia un partido político”, denunció, y recordó que Semilla no tuvo problemas hasta que Arévalo se presentó a las elecciones.
“La habilitación o inhabilitación de un partido político no puede ser decidida por un juez”, y “no podemos permitir que una fiscalía sin competencia en temas electorales (...) rompa nada y menos aún la institucionalidad y la Constitución del país”, afirmó de manera contundente.
En su opinión, la Fiscalía y el juzgado penal “pretenden suplantar al Tribunal Supremo Electoral”, lo cual “afectaría directamente a la Constitución”.
Pantaleón detalló que los magistrados pudieron incurrido en posibles irregularidades al suscribir un contrato administrativo para la adquisición del programa informático destinado a la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
El TREP fue adquirido por un monto de aproximadamente $19,3 millones a una empresa local y se utilizó para el conteo de las actas electorales que se introducían en el sistema y para agilizar la divulgación de los resultados preliminares de los comicios.
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Según la fiscalía, una de las ilegalidades encontradas radica en que en el documento se indicó que la empresa proveedora recomendó a la entidad que fungió como supervisor, “lo cual constituye un ejercicio indebido de funciones públicas que son propias del Tribunal Supremo Electoral, como lo es la sumatoria y transmisión de los votos”.
Esta acción “es ilegal debido a que existe un conflicto de intereses, ya que no se puede tener una supervisión por parte de una entidad recomendada por el mismo proveedor”, enfatizó Pantaleón.
La fiscalía también alega que los altos funcionarios cometieron fraude al adquirir un servicio que costó alrededor de $4,5 millones más de lo que costó si hubieran optado por otra empresa proveedora.
