EscucharTeguciglapa. Armados con fusiles, una docena de policías ingresan a una barriada en la ladera de un cerro de la capital de Honduras en busca de pandilleros, en un operativo similar a las redadas impulsadas por el presidente Nayib Bukele en El Salvador.
Los uniformados suben por empinadas gradas de concreto sobre la ladera de la colonia Divanna, de más de 500 metros de elevación. Cruzan luego callejones que separan las maltrechas viviendas de ladrillo y zinc.
Al frente va la subinspectora María Domínguez, una menuda oficial indígena lenca, aferrada a un fusil automático Galil Sar israelí.
“La pandilla Barrio 18″ opera en esta colonia. “Es un lugar estratégico donde ellos se pueden movilizar y [...] ocultarse de las autoridades”, dice una oficial presente en el lugar.
En Honduras dos pandillas, la Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, se dividen el territorio. Imponen sus reglas y obtienen dinero con venta de drogas, sicariato, cobro de extorsiones y otros delitos.
Durante el patrullaje policial en Divanna, las viviendas están con las puertas cerradas, sus moradores guardan silencio al interior y se escuchan ladridos de perros. Varias casas parecen abandonadas.
Sobre la cima del cerro sobresale una cancha de baloncesto, con grafitis de la Barrio 18.
Despliegue militar
Para combatir a las pandillas, desde el 6 de diciembre rige en Honduras un estado de excepción que permite arrestos sin orden judicial, semejante al que está en vigor desde hace un año en El Salvador.
El 31 de marzo, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, encabezó una reunión con jefes castrenses y los titulares del Congreso y la Corte Suprema, en la que decidieron instrumentar una “segunda etapa” de la cruzada antipandillas, con despliegue de militares en las calles.
Ahora, “Ejército, Fuerza Aérea y Naval colaborarán de manera efectiva, ejecutando acciones y actividades en materia de seguridad” junto a la policía, dijo entonces el gobierno en un comunicado.
El despliegue militar en las calles no es nuevo en este país, uno de los más violentos del mundo a pesar de que cerró 2022 con la tasa de homicidios más baja en 16 años.
Las acciones del gobierno tuvieron una respuesta. A principios de mes, pandilleros presos se enfrentaron en cuatro cárceles, con saldo de un muerto y siete heridos.
Como respuesta, Castro ordenó una intervención que incluye un “desarme real” y combate a autoridades penitenciarias corruptas que dejan ingresar hasta fusiles, granadas, teléfonos y drogas a cambio de dinero.
Los pandilleros dirigen desde las prisiones operaciones del crimen organizado en el exterior, por lo cual el gobierno ordenó también la intervención de las comunicaciones en los penales.
Sin embargo, los enfrentamientos se repiten casi a diario en diferentes penales, con una veintena de heridos, en los incidentes.
530 detenidos
Bukele encarceló a más de 67.000 presuntos pandilleros, con redadas que abarcan municipios completos, donde policías y militares montan cerco por días o semanas. Sin embargo, sus métodos son criticados por la Iglesia Católica, la ONU y organismos de derechos humanos.
En Honduras la campaña antipandillas no tiene ese alcance y cosecha modestos frutos hasta ahora, según expertos.
“Más de 530 miembros de estructuras delictivas organizadas han sido capturados durante los primeros meses del año”, dice el portavoz de la unidad policial antipandillas, Mario Fu.
La cifra resulta ínfima para el criminólogo hondureño Gonzalo Sánchez, quien sostiene que en el país “falta voluntad” para combatir al crimen.
“Al comparar el estado de excepción de El Salvador [...] allá sí efectivamente hay voluntad política”, declara Sánchez.
“Decepción”
Luego de recorrer los callejones de la colonia Divanna durante cuatro horas, los policías se retiran sin detenidos.
El cuartel policial de la barriada, situado al pie de la ladera, fue atacado el 30 de enero, en medio del estado de excepción, por presuntos pandilleros, que también dispararon a un autopatrulla, matando al agente José Luis Zambrano.
El estado de excepción fue inicialmente decretado por un mes, pero ha sido prorrogado sucesivamente ante los “buenos resultados”.
Originalmente la medida regiría en barrios de Tegucigalpa y de la ciudad norteña de San Pedro Sula, pero fue extendida a 123 de los 298 municipios del país.
En la colonia Alemán de Tegucigalpa, donde el gobierno lanzó la campaña antipandillas, la gente se burla del estado de excepción.
“Más bien no le dicen así, sino que le dicen ‘estado de decepción’, porque [las autoridades] no están haciendo nada” y las extorsiones de las pandillas a la población “están a la orden del día”, dijo David Velásquez, de 65 años, quien vive en esta colonia.
