Ley promovida por Ortega forzó cierre de más de 770 grupos de sociedad civil en Nicaragua

La organización defensora de derechos humanos estimó que la comunidad internacional, sobre todo los países latinoamericanos, deberían condenar “este desmantelamiento sistemático de los grupos de la sociedad civil que desempeñan un papel fundamental en un país que no tiene instituciones estatales independientes que actúen como control del Poder Ejecutivo”.

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Agregó que desde el 6 de junio del 2022, las autoridades nicaragüenses aprobaron leyes y resoluciones que cancelan el registro legal de más de 770 ONG y fundaciones, obligándolas a cerrar. Desde el 2018, ese número asciende a más de 950 entidades.

El objetivo del gobierno de Daniel Ortega es impedirles “exponer los abusos y la incapacidad de las autoridades”, para ayudar al pueblo, en un país golpeado por huracanes y la pandemia de la covid-19, denunció Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de HRW.

Las autoridades nicaragüenses aún no han ofrecido una explicación clara sobre la cancelación de la personería jurídica de cada una de las organizaciones afectadas, debido a que las decisiones oficiales, simplemente, indican que no habían cumplido con la legislación.

No obstante, muchos de los cierres se basan en una ley de “agentes extranjeros”, aprobada en octubre del 2020, así como en la Ley General de Regulación y Control de Organizaciones sin Fines de Lucro, adoptada en marzo del 2022.

Esta última permite que el Ministerio de Gobernación solicite a la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, que cancele la personería jurídica de una organización por “utilizar el esquema organizacional para promover campañas de desestabilización en el país”.

Por otra parte, la ley de “agentes extranjeros” establece que las personas físicas o jurídicas se registren como tal ante el Ministerio de Gobernación, para fiscalizar si reciben “directa o indirectamente” fondos desde el exterior. Las organizaciones que no se apeguen a esa ley están sujetas a multas, la confiscación de sus bienes, así como a la cancelación de su personería jurídica.

De acuerdo con HRW, para registrarse como un agente extranjero es necesario el cumplimiento de requisitos vagos y onerosos, además de proporcionar informes y actualizaciones constantes para obtener la constancia que permite la operación de las organizaciones. Sin embargo, las autoridades, muchas veces, no emiten ese documento por motivos arbitrarios.

Entre las ONG cerradas se incluyen asociaciones médicas y organizaciones que trabajan en protección infantil, derechos de las mujeres y la mitigación del cambio climático. Uno de los casos más recientes fue el de la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta.

Un total de 18 misioneras de esa agrupación fueron acogidas en Costa Rica el pasado 6 de julio, tras ser expulsadas por el régimen nicaragüense. Las religiosas fueron escoltadas por patrullas y microbuses de la Dirección de Migración y Extranjería del país vecino hasta la frontera costarricense.

Otro de los casos sonados fue el de la Academia Nicaragüense de la Lengua, que tras 94 años de existencia, se le canceló su credencial jurídica, luego de ser acusada por el régimen de Ortega de no registrarse como un agente extranjero. La entidad había rechazado los señalamientos y mencionó que trabajaba “en la revisión, enmiendas y aportes a la nueva gramática de la lengua española y al diccionario de la lengua española”.

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Nicaragua tiene una de las tasas de pobreza más altas de América Latina y el Caribe. En marzo del 2021, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), estimó que tras los dos huracanes del 2020, alrededor de “1,8 millones de personas, incluidos 720.000 niños, todavía necesitaban ayuda humanitaria, especialmente entre las comunidades indígenas.”

El cierre de las ONG “forma parte de un esfuerzo mucho más amplio para silenciar a los grupos de la sociedad civil y los medios independientes, a través de una combinación de tácticas represivas que incluyen legislación abusiva, intimidación, hostigamiento, detención arbitraria y enjuiciamiento de defensores de los derechos humanos y periodistas”, concluyó HRW.