EscucharManagua. El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, ilegalizó el jueves a 25 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), varias de ellas críticas del gobierno de Daniel Ortega, aunque también a una organización humanitaria que realiza cirugías gratuitas a niños con el paladar hendido.
Según informó el presidente del Legislativo, Gustavo Porras, el cierre de las ONG fue aprobado con el voto de 74 de los 91 diputados de la Asamblea Nacional, donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) es mayoría. De acuerdo con un informe presentado por el Ministerio de Gobernación, las ONG afectadas con la medida “no reportaron sus estados financieros conforme a la ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo”.
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Para el gobierno, muchas de estas entidades son utilizadas para el financiamiento extranjero de planes para desestabilizar a Ortega, un exguerrillero en el poder desde el 2007 y reelecto para un cuarto mandato consecutivo el año pasado, en unos cuestionados comicios.
Tampoco “promovieron una política de transparencia en la ejecución de los fondos”, argumentó el ministerio, que supervisa a estas entidades. Entre las ONG que perdieron su personalidad jurídica están centros que defendían los derechos humanos, la libertad de prensa, el cuidado del medio ambiente y los derechos de las mujeres.
Algunas de ellas ya estaban inactivas, entre ellas la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), creada en 1997 para promover la libertad de prensa, y que cerró en febrero del 2021. La FVBCH llevaba el nombre de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y era dirigida por la hija de la exmandataria, la opositora exaspirante a la presidencia Cristiana Chamorro.
Ella se encuentra bajo arresto domiciliario y recientemente fue declarada culpable de lavado de activos durante su gestión en esa entidad. Chamorro, una de los más de 40 opositores detenidos el año pasado antes de las elecciones de noviembre, rechaza los cargos y asegura que el objetivo del gobierno era sacarla de la contienda porque su candidatura amenazaba la permanencia de Ortega.
También fueron cerrados el Centro Humboldt, que denunció varios casos de contaminación ambiental y deforestación; la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), que aglutinaba a periodistas críticos del gobierno; y hasta la humanitaria Operación Sonrisa.
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Para el gobierno, muchas de estas entidades son utilizadas para el financiamiento extranjero de planes para desestabilizar a Ortega. (CESAR PEREZ/AFP)
Indefensión
El diputado del partido indígena Yatama (madre tierra, en lengua miskita) Broklyn Rivera, se declaró “sorprendido” por la cancelación de la personería jurídica a estas entidades de la sociedad civil y estimó que “deja en indefensión” a sectores vulnerables de la población que era beneficiaria de sus servicios.
Johana Aguilar, madre de una niña operada de paladar hendido y labio leporino a través del programa Operación Sonrisa, declaró su incertidumbre para continuar con el tratamiento de su hija. “Nosotros no tenemos dinero para comprar los aparatos que ellos nos dan gratuitamente, ni para pagar a un dentista”, afirmó Aguilar.
Con el cierre de esta ONG “muchos padres vamos a tener que buscar otros medios para darle seguimiento a la terapia y atención a los niños” atendidos por Operación Sonrisa, dijo Angélica Lezama otra madre con un hijo operado.
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Cobro de cuentas
“En el fondo hay señales claras que están pasando la factura a esos organismos, porque en algún momento criticaron la dirección del gobierno y apoyaron el levantamiento popular del 2018″, manifestó el legislador Rivera.
El legislador mencionó el caso del Centro Humboldt, que por años trabajó con comunidades indígenas del departamento de Jinotega (norte) en temas de medioambiente y defensa de sus recursos naturales, con posición crítica a la acción gubernamental en esos territorios.
Cerca de 140 ONG e instituciones han sido ilegalizadas hasta le fecha desde el 2018, cuando estallaron protestas antigubernamentales, cuya represión dejó al menos 355 muertos, según grupos humanitarios. Entre las prohibiciones se destacan la de cerca de una veintena de universidades privadas, como la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), que fue símbolo de las protestas estudiantiles antigubernamentales del 2018.
