EscucharCiudad de Panamá. La empresa minera filial de la canadiense First Quantum Minerals inició este sábado el pago de liquidaciones a miles de trabajadores, después que un fallo judicial le prohibiera explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.
"Cobre Panamá SA inició hoy el pago de dineros que legalmente les adeuda a más de 5 mil trabajadores", consignó la empresa en un comunicado.
Agolpados en un centro comercial de Panamá, los trabajadores aguardaban recibir sus liquidaciones, luego que la empresa lamentó que "no podrá continuar laborando, debido al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley 406 que autoriza sus operaciones en el país".
La minera aclaró que "existe preocupación adicional" en virtud de que el beneficio de las liquidaciones "no cubrirá a la totalidad de la planilla empresarial" ya que Cobre Panamá "ha dejado muy claro que se reserva el derecho de tramitarlas", lo que obligaría a los no incluidos a iniciar "complicados y largos procesos" de reclamo ante el Ministerio de Trabajo.
Hace una semana la empresa solicitó al Ministerio de Trabajo "la autorización para la terminación de los contratos" de más de 4.000 colaboradores por causas "justificadas de carácter económico".
La empresa hizo el pedido luego que se le ordenara el cese de operaciones en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que el 28 de noviembre declaró inconstitucional el acuerdo con el gobierno que le permitía explotar la mina por 20 años prorrogables.
Además, First Quantum inició un proceso arbitral internacional en Miami, Estados Unidos, en virtud del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá. Si el país centroamericano pierde el arbitraje posiblemente tendrá que pagar indemnizaciones multimillonarias.
Considerada la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica producía desde 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, el 75% de las exportaciones panameñas y el 5% del PIB del país. Además de sus 7.000 trabajadores directos, tenía unos 33.000 indirectos.
El contrato con la minera fue declarado inconstitucional tras multitudinarias protestas que duraron más de un mes, convocadas por maestros, obreros y militantes ecologistas, que sostienen que la mina daña severamente el medioambiente.
