Escuchar
San Salvador. El “Estado paralelo” creado por las pandillas en El Salvador finalizó con la “guerra” del presidente Nayib Bukele, pero el régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial debe continuar, afirmó el ministro responsable de estas acciones.
“Lo que conocíamos como ese Estado criminal paralelo que instauraron las pandillas terroristas en este país, básicamente ya está destruido”, declaró el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, en una reciente entrevista.
Bukele declaró la “guerra” a las pandillas el 27 de marzo del 2022, luego de una escalada de 87 homicidios en un fin de semana, al amparo de un cuestionado régimen de excepción que permite a militares y policías hacer arrestos sin orden judicial.
“En términos de desmantelamiento de la industria del crimen, ese Estado criminal con su aparataje de recaudación, entiéndase renta o extorsión, estaba generando de $1.500 a $2.000 millones al año (a las pandillas), lo cual ahorita ni siquiera llegan al 5%”, aseguró Villatoro.
Las maras o pandillas controlaban el 80% del territorio nacional, según Bukele, y se financiaban cobrando extorsiones a miles de salvadoreños, principalmente comerciantes y transportistas. Quienes no pagaban eran asesinados.
El reclutamiento masivo que hacían las maras está “neutralizado”, añadió el ministro. “Era un crimen organizado que usurpaba cinco elementos de todo Estado de Derecho: territorio, población, recaudación, justicia y ejército”, subrayó Villatoro.
Destacó que 492 cabecillas que controlaron las maras o pandillas están presos y “están siendo procesados”, y deberán responder por los 120.000 homicidios que perpetraron en las últimas tres décadas.
La cruzada de Bukele devolvió la tranquilidad a las calles y elevó su popularidad, lo que permitió que en febrero de este 2024 fuera reelegido para un segundo mandato de cinco años.
Casi 80.000 presos en El Salvador
Desde que comenzó la “guerra” las autoridades arrestaron a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 fueron liberados, apuntó Villatoro.
Afirmó que éstos no fueron liberados por ser inocentes, sino porque van a ser juzgados en libertad en virtud de que se “logró establecer que estaban en labores en la pandilla por coacción”.
Sin embargo, grupos de derechos humanos sostienen que entre los detenidos hay muchos inocentes y que la “crisis” de derechos humanos puede “perpetuarse” en el país.
En marzo, Amnistía Internacional advirtió que el gobierno salvadoreño tiende “a minimizar, ocultar, deslegitimar y negar los señalamientos” que se le hacen.
Esto “sugiere que durante el segundo mandato del presidente Bukele podría haber una profundización de la crisis (en derechos humanos) que se observó durante los últimos años”, sostuvo la ONG.
Amnistía Internacional y otras organizaciones exigen el fin de los arrestos sin orden judicial. Lo mismo quiere el 64% de los salvadoreños, según una encuesta universitaria divulgada hace dos semanas, aunque el 87,5% declaró que ahora se siente “seguro”.
Pero Villatoro sostiene que la “desactivación del régimen de excepción” sólo debe hacerse cuando no quede ningún pandillero libre. “No queremos ningún miembro ‘homeboy’ (pandillero) libre en el territorio salvadoreño”, expresó.
Ante las denuncias de hacinamiento y malos tratos en las cárceles, expresó que “en cualquier democracia hay señalamientos” y aseguró que el gobierno no hace nada fuera de la ley.
Menos homicidios en El Salvador
El ministro indicó que, del total de capturados, casi 65% formaban parte de la Mara Salvatrucha (MS-13); el restante 35% eran de la pandilla Barrio 18 con sus dos facciones, Sureños y Revolucionarios.
Fueron detenidos el 75% de los pandilleros, indicó Villatoro, y muchos de los 25.000 restantes “están fuera del país”, en Guatemala o México.
Otros “regresaron a sus orígenes a California” (oeste de Estados Unidos), donde salvadoreños residentes crearon la Mara Salvatrucha en la década de 1980.
El ministro destacó la reducción del número de homicidios en el país, así como de los casos no resueltos. De 105 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, la cifra se redujo a 2.4 cada 100.000 habitantes en 2023. Y la proyección es cerrar este año con 1.4 o 1.7 asesinatos por cada 100.000 habitantes, señaló.
El 97% de los homicidios quedaban en la impunidad hace nueve años, pero en 2023 se hizo justicia en el 95% de los 155 homicidios registrados en el país, de acuerdo con Villatoro.
