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San Salvador. Kenia tenía 17 años cuando sufrió una caída que le hizo perder su embarazo. En El Salvador, donde el aborto es ilegal en todos sus extremos, la enviaron a la cárcel cuando dejó el hospital. Casi nueve años después fue liberada y contó su historia.
Ella prefiere mantener en reserva sus apellidos. Estudiaba su primer año de bachillerato cuando quedó embarazada. Poco después, en un granero a un costado de su casa, se cayó y tuvo una “emergencia obstétrica”. Su padre la halló desangrándose. Llamaron a emergencias de la Policía, pero nadie llegó.
“Mi bebé nació y no reaccionó, lo último que recuerdo fue que vi muchas luces en mi cara. Ya estaba en el hospital en una camilla y estaban muchos policías custodiándome, tomándome fotos”, rememoró Kenia. Uno de los policías le dijo que se iba a encargar de que me “pudriera en la cárcel, y así fue”, contó.
El día del juicio ese policía actuó como testigo. “Era su versión contra la mía, fue algo muy duro”, relató entre lágrimas. Ya con 18 años de edad, recibió la sentencia: 30 años de cárcel por un aborto que fue tipificado como homicidio agravado.
“Me privaron de libertad por algo tan injusto, perdí toda mi juventud, perdí a mi familia, todos mis planes de superación se me vinieron abajo”, explicó Kenia, hoy con 26 años.
Pese a la extensa condena, tanto ella como otras cuatro mujeres con similares penas recibieron en los últimos dos meses el beneficio de la “libertad anticipada”. Algunas relataron sus vivencias en una rueda de prensa organizada por la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (Acdatee).
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‘Homicidio agravado’
Las recientemente liberadas fueron arrestadas por la Policía cuando buscaban ayuda médica en hospitales del sistema público. Algunas ya eran madres, por lo que la cárcel las separó de sus hijos.
Desde 1998, el Código Penal salvadoreño prohíbe el aborto en todos los supuestos y establece penas de hasta 8 años. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto, incluso los involuntarios, como “homicidio agravado”, penado hasta con 50 años de prisión.
La psicóloga de la Acdatee, Sara García, dijo que 62 mujeres han recuperado su libertad, por conmutación de penas, revisiones de sentencia, los indultos y “gracias al movimiento feminista”, desde julio de 2009.
En la cárcel quedan 10 mujeres con diferentes condenas, y dos que ventilan su proceso en los tribunales. “Fueron diez años muy difíciles en prisión, pero ahora me siento muy contenta de estar nuevamente con mi familia, estar nuevamente con mi hijo”, declaró Elsy, de 38 años, quien cumplió 10 años de cárcel.
El 15 de junio de 2011, Elsy trabajaba como empleada doméstica cuando tuvo una “emergencia obstétrica” y luego de ello fue detenida.
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‘Nos criminalizó por ser mujeres’
“Por ser personas de bajos recursos nos encontramos en situaciones así y tenemos que pagar, aunque tal vez las investigaciones no sean muy a fondo”, lamentó Kenia, quien ahora quiere estudiar inglés y “perfeccionarse” en la cosmetología para apoyar a su familia.
Evelyn, de 34 años, también contó su caso. Tras su emergencia, “no me llevaron a un hospital porque los policías no quisieron, me trasladaron directamente a unas bartolinas [calabozos]”, explicó. No tuvo dinero para un abogado y le asignaron defensores de oficio.
“Hicieron mi proceso de tres audiencias, en cada una de ellas tuve diferentes abogados que no conocían mi caso. Esa ley me condenó a 30 años de prisión, me aparto de mi hijo, de mi familia 13 años”, comentó Evelyn, liberada en diciembre.
“Creo que esa ley es injusta. Nos criminalizó por ser mujeres. Al igual que mis compañeras somos inocentes”, exclamó Evelyn, quien espera instalar una panadería. Otra de las liberadas, Karen, tuvo la emergencia en casa y cuando despertó “ya estaba en el hospital, esposada a una camilla”, con policías haciéndole preguntas.
Dentro de la cárcel también sufrió la crítica de sus otras compañeras de celda y ahora en libertad sigue siendo “juzgada” por la sociedad que le “miran feo” y “siempre hacen malos comentarios”.
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‘Estigma’
La actual legislación salvadoreña “provoca estigma, provoca prejuicios y genera las condiciones para que mujeres sean perseguidas, denunciadas, procesadas y encarceladas injustamente”, dijo Morena Herrera, directora de Acdatee.
“Es importante lograr la libertad de todas las mujeres que siguen injustamente encarceladas, pero también necesitamos lograr que no haya más mujeres denunciadas en los hospitales públicos”, subrayó Herrera.
La libertad de estas mujeres, según Herrera, fue el resultado de “muchas luchas” y de “mover voluntades” con el apoyo internacional.
