EscucharSan Salvador. Un aproximado de 15.000 familias siguen afectadas por los despidos en instancias públicas de El Salvador, bajo el gobierno de Nayib Bukele, de acuerdo con representantes del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD).
De acuerdo con Salomón Alfaro vocero del MTD, a tres años del inicio de estos despidos el movimiento ya contabiliza 15.000 trabajadoras y trabajadores públicos sin empleo. Entre los afectados, explicó Alfaro, hay personas con enfermedades crónicas, discapacidades, madres jefas de hogar e integrantes de grupos vulnerables o minoritarios.
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El Movimiento registra 800 demandas en los juzgados de lo laboral y de lo contencioso administrativo. De este total, únicamente lograron reinstalar a 60 trabajadores, según declaraciones de Alfaro en conferencia de prensa.
El MTD denunció que con la imposición de jueces y magistrados afines al oficialismo las demandas del movimiento no encuentran salida en el sistema judicial: “Estamos ante magistrados que se vuelven Juez y parte y, por tanto, las personas que han acudido a buscar justicia se enfrentan a un sistema parcializado y cooptado por el oficialismo”, indicó Alfaro.
Las personas afectadas por los despidos también se dirigieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). De acuerdo con el MTD, son más de 2.500 demandas que los extrabajadores interpusieron ante esta entidad. Sin embargo, denuncian que la PDDH no se pronunció al respecto.
También destacaron la ausencia de pronunciamientos de parte de entidades internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El MTD enfatizó en la propuesta de decreto de Ley de compensación económica para trabajadores y trabajadoras del gobierno que presentaron a la Asamblea Legislativa en julio de este año.
Ahí, proponen una compensación “estándar, justa y equitativa calculada con base en el último salario devengado multiplicado por cada año o fracción mayor de seis meses de servicio”. Exigen, explicaron sus representantes, que los diputados oficialistas “brinden un trato equitativo para trabajadoras y trabajadores del sector público”.
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