EscucharSan José. Nicaragua clausuró este lunes 1.500 oenegés, la mayoría religiosas, según una resolución oficial. Esta medida representa el mayor cierre de organizaciones ordenado por Daniel Ortega desde las protestas en su contra en 2018.
De acuerdo con una decisión del Ministerio del Interior, publicada en el diario oficial La Gaceta, la anulación de la inscripción de esas 1.500 oenegés se debe a que no reportaron sus estados financieros por periodos de entre 1 hasta 35 años. Los bienes de estas organizaciones serán incautados por el Estado.
Nicaragua endureció las leyes sobre asociaciones civiles tras las protestas contra el gobierno de Ortega en 2018, que dejaron más de 300 muertos en tres meses, según informes de las Naciones Unidas.
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El cierre de oenegés sin precedentes anunciado este lunes eleva a más de 5.100 el número de organizaciones civiles clausuradas por el gobierno desde 2018.
Además de entidades religiosas, se anularon las personerías jurídicas de numerosas sociedades benéficas, clubes rotarios y de ajedrez, asociaciones deportivas, de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados. También se cerró la Cruz Roja Nicaragüense.
Se clausuraron también organizaciones indígenas y de excombatientes de la lucha entre el gobierno sandinista y los rebeldes contras en los años 80.
Nueva ley contra las oenegés
El viernes, el gobierno dictó una polémica normativa que obliga a las oenegés a trabajar únicamente en “alianzas de asociación” con entidades estatales.
La medida fue anunciada un día después de que Venezuela, un aliado de Managua, aprobara una ley sobre oenegés que, según activistas de derechos humanos, profundizará la persecución de críticos del presidente Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude en su reelección.
Medios opositores nicaragüenses en el exilio criticaron la nueva norma que regula la labor de las oenegés.
Nicaragua impuso a las oenegés un “nuevo modelo de operatividad” que les arrebata la autonomía de sus proyectos y pretende controlar los recursos que estas reciben, según analistas.
Nicaragua, que enfrenta sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea por medidas autoritarias, también cerró radios y universidades católicas. Decenas de sacerdotes fueron detenidos y forzados al exilio.
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Ortega sostiene que la Iglesia apoyó las protestas antigubernamentales de 2018, que califica de intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Desde agosto, se detuvieron a más de una decena de sacerdotes, la mayoría de los cuales fueron expulsados al Vaticano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó la semana pasada a Nicaragua a cesar la represión generalizada y la persecución religiosa en el país centroamericano.
La CIDH también denunció la detención arbitraria de al menos 141 personas, que se encuentran en condiciones de insalubridad, con escaso acceso a agua potable, alimentación adecuada y atención médica.
