La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa tomando acciones en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua. Esta vez, los medios de comunicación nicaragüenses denuncian que el Presidente ordenó a los bancos el cierre de las cuentas bancarias de los sacerdotes.
También se afectó a algunos miembros que colaboran en dicha entidad religiosa en toda la nación centroamericana. La Prensa informó que los párrocos de las Diócesis de Granada, Jinotega y la Arquidiócesis de Managua son parte de los afectados con el cierre de sus cuentas personales.
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Además, la abogada e investigadora nicaragüense en exilio, Martha Patricia Molina, difundió la información a través de su red social de Twitter, donde publicó: “Urgente, la dictadura congela varias cuentas bancarias personales de sacerdotes. Esta medida podría generalizarse en las próximas horas”.
No es la primera vez que la administración Ortega-Murillo ataca a la Iglesia Católica, contra la cual emprendió una serie de acciones. A finales de mayo pasado, el gobierno ordenó el congelamiento de las cuentas de las diócesis de Managua, del Cardenal Leopoldo Brenes, así como las de Matagalpa y Estelí.
Según afirmó el medio nicaragüense, la Policía declaró que están investigando una supuesta “actividad ilícita en el manejo de los fondos y cuentas bancarias”, así como actividades relacionadas con una red de lavado de dinero.
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Universidades y el Vaticano
En marzo, las autoridades dispusieron el cierre de la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), decretado por “incumplimientos de sus obligaciones conforme a las leyes que los regulan”, y ordenaron que sus bienes pasaran a manos del Estado.
Ese mismo mes abandonó el país el encargado de negocios del Vaticano, en un momento en el que las relaciones diplomáticas entre Managua y ese Estado europeo quedaron al borde de la ruptura tras unas declaraciones del papa Francisco, que calificó al gobierno de Ortega como “dictadura grosera”.
También, el pasado 18 de mayo el gobierno de Ortega aprobó la “disolución voluntaria” de una universidad del Arzobispado de Managua.
Más de 2.000 organizaciones privadas fueron proscritas en Nicaragua acusadas de violar las leyes, incluidas varias universidades privadas y organizaciones gremiales de empresarios.
Los cierres de las universidades se suman a otras medidas del gobierno de izquierda del presidente Daniel Ortega que le costaron sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.