EscucharSan José. Nicaragua obligará a las iglesias y entidades religiosas a pagar el impuesto a la renta y ordenó el cierre de 151 oenegés. Este endurecimiento del control sobre esas organizaciones no tiene precedentes desde las protestas de 2018.
Según la resolución publicada en el diario oficial La Gaceta, firmada por Daniel Ortega, se derogó el punto de la “Ley de Concertación Tributaria” que eximía de esa obligación a las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas.
El gobierno canceló también la inscripción de 151 ONG, muchas de ellas comerciales, tres días después del cierre de 1.500 organizaciones no gubernamentales, en su mayoría religiosas. La oposición en el exilio calificó estas acciones como una arremetida contra la sociedad civil.
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Este cierre masivo eleva a unas 5.300 las organizaciones anuladas por el gobierno desde las protestas en su contra de 2018. Ortega y su esposa Rosario Murillo acusaron a las ONG y a la Iglesia católica de apoyar esas manifestaciones, lo que llevó al encarcelamiento y expulsión de decenas de clérigos.
Como preludio, Nicaragua puso en vigor el viernes una normativa que obliga a las oenegés a trabajar únicamente en “alianzas de asociación” con entidades estatales.
Un día antes, Venezuela, estrecho aliado de Ortega, aprobó una ley sobre oenegés. Según activistas de derechos humanos, esta legislación “profundizará la persecución” de críticos del presidente Nicolás Maduro, en medio de denuncias de fraude en su reelección.
‘Ahogar financieramente a la Iglesia’
Con las reformas a la ley de “Control de Organismos Sin Fines de Lucro” y bajo la “Regulación de Agentes Extranjeros”, se incluyeron cambios fiscales. Ahora, las iglesias deberán pagar impuestos de hasta el 30% de sus ingresos anuales, dependiendo del monto reportado a fin de año.
Martha Patricia Molina, experta en temas de la Iglesia y exiliada en Estados Unidos, afirmó en su cuenta en la red social X que el gobierno busca “ahogar financieramente a la Iglesia para que caiga por su propio peso”.
José María Tojeira, portavoz de los jesuitas, cuya universidad fue confiscada en Nicaragua, declaró a esta agencia en El Salvador que “cada día es más evidente” que “hay un intento por destruir toda posibilidad de religión y de iglesia, y crear un pensamiento único dependiente del poder de la familia Ortega-Murillo”.
Brian Nichols, jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina y el Caribe, condenó en X “el injusto cierre de Ortega y Murillo esta semana de 1.500 ONG y el violento acoso, detención y represión de miembros de órdenes religiosas y comunidades de fe en Nicaragua”.
La ONU calificó el martes como “profundamente alarmante” el cierre de las 1.500 oenegés, en su mayoría religiosas, y la confiscación de sus bienes.
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Félix Maradiaga, excandidato presidencial nicaragüense en el exilio en Estados Unidos, aseguró en X que esto “marca un nuevo y oscuro capítulo en la represión sistemática que ha caracterizado al régimen de Daniel Ortega”.
Estados Unidos y la Unión Europea mantienen sanciones contra el círculo más cercano a Ortega, a cuyo gobierno acusan de graves violaciones a derechos humanos, tanto en la actualidad como durante las protestas de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según informes de la ONU.
Ortega, exguerrillero de 78 años, gobernó Nicaragua en la década de 1980 y está en el poder desde 2007. Sostiene que las protestas fueron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
