EscucharEl Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), del régimen de Daniel Ortega, canceló la licencia de Radio San Carlos, Radio La Guarachera y Radio Sky, la tarde del lunes. Con estos nuevos cierres la cifra de medios cancelados por el gobierno sandinista en agosto aumenta a 17.
Radio La Guarachera y Radio Sky pertenecen a la familia del empresario Anibal Toruño, quien también es propietario de Radio Darío, otra emisora cerrada el 12 de agosto anterior. Por su parte, Radio San Carlos, que tenía 23 años al aire, era propiedad de Silvio Javier Pilarte Centeno, quien tras el cierre agradeció a su audiencia “por abrir las puertas de su casa para sintonizar”.
De acuerdo con Voz de América, Toruño aseguró que la decisión de Telcor, presidido por Nahima Díaz, es parte de “una embestida y un genocidio” a la libertad de expresión en Nicaragua “por una demencia monstruosa” del régimen de Ortega.
Para justificar los cierres, Telcor manifestó que las emisoras transmitían en una potencia que no está autorizada y que modificaron “sustancialmente” las instalaciones en las que operaban.
“Esta decisión es política, es vertical y se tenía que cumplir. Yo tenía informe de que tenían que fundamentar su resolución en alguna justificación y se fueron a inventar cuestiones técnicas que no tienen ningún fundamento. Nosotros hemos cumplido con la ley, nosotros estamos dentro del marco de la Ley 200, estamos dentro del marco de la Ley 670, que es la prolongación de las licencias de manera indefinida para radio, televisión y cable”, comentó Toruño, tras notificarse el cierre de Radio Darío.
Los primeros dos días de agosto, 10 emisoras de la Diócesis de Matagalpa, dirigidas por el obispo Rolando Álvarez, fueron cerradas. Asimismo, fue cancelada Radio Vos, el canal local RB3 y el canal NGTV3.
Estos cierres, las persecuciones políticas y religiosas, acompañadas de los abusos de poder que caracterizan al gobierno nicaragüense, aislan cada vez más al país centroamericano de la comunidad internacional.
De acuerdo con Arturo McFields, exemabajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), las amenazas a la prensa representan “una demolición”.
“Luego de un periodo de guerra civil, con doña Violeta [Barrios de Chamorro], entramos a vivir la democracia y la liberad de expresión se empezó a ejercer. Durante 17 años supimos lo que era la libertad de expresión. Toda esa arquitectura que sostenía la libertad de expresión de Nicaragua fue totalmente demolida por la pareja de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, comentó McFields a La Nación.
Persecuciones
Tras las protestas del 2018, cuando al menos 328 civiles fallecieron por marchar en las calles en contra de Ortega, la Iglesia católica y sus representantes en el país se sumergieron en una enemistad con el régimen al brindar techo y resguardo a los protestantes, acciones por las que ahora los religiosos no se libran de la persecución.
A esto se le suma el hecho de que denuncian públicamente la situación del país. Tal es el caso de Álvarez, quien permanece detenido en su curia desde el 4 de agosto. Un día después, la Policía de Nicaragua anunció en un comunicado que el religioso y su diócesis eran investigados por intentar “organizar grupos violentos” e incitar “a ejecutar acto de odio” para desestabilizar el país.
Los sacerdotes usan “su condición de líderes religiosos”, los “medios de comunicación y redes sociales para crear “zozobra”, aseveró la Policía en esa ocasión.
Además, el domingo, la Iglesia católica de Nicaragua informó sobre la detención del sacerdote Óscar Danilo Benavidez, el encargado de la parroquia Espíritu Santo. El cura fue interceptado por agentes de la Policía la tarde del domingo, cuando salía de oficiar una misa en la parroquia La Asunción.
Según los medios nicaragüenses, Benavidez es el tercer sacerdote en ser encarcelado por el régimen en menos de tres meses. En junio, fue detenido el cura Manuel García, contra quien se dictaron dos años de prisión; y en julio la Policía capturó a monseñor Leonardo Urbina.
Sin embargo, los curas no son las únicos perseguidos. Más de 190 políticos y opositores permanecen privados de su libertad y más de 1.000 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) fueron cerradas por el régimen desde las protestas del 2018.
“Vivimos tiempos difíciles en que se quiere apagar la voz de esperanza de la Iglesia, esa luz de esperanza de la Iglesia se quiere apagar y la voz de libertad de expresión de los medios se está estrangulando”, aseveró McFields a este medio.
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