EscucharManagua. La oposición nicaragüense calificó al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) como “cómplice de Ortega”, luego de una reunión que sostuvo el presidente de la entidad, Dante Mossi, con empresarios y representantes del Gobierno.
Tras el encuentro, Mossi informó a medios de comunicación oficialistas que el BCIE tiene a disposición de Nicaragua un préstamo de $220 millones, para enfrentar las constantes alzas del petróleo, según el diario nicaragüense La Prensa.
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“Hemos conversado con el Gobierno, el directorio del BCIE aprobó un programa de $800 millones para ayudarle a financiar a los Estados este exceso de precios que viene del petróleo y conversábamos con el señor ministro, Iván Acosta y nos expresó su interés de que Nicaragua quiere ser parte de este programa, y el espacio que tiene el país dentro del programa son de $220 millones que están disponibles si el Gobierno así lo dispone”, detalló Mossi, de acuerdo con La Prensa.
Los grupos de oposición realizaron un comunicado tras la reunión, denunciando el financiamiento del ente regional al régimen de Daniel Ortega. De acuerdo con ellos, esos fondos han sido desviados para continuar la represión e incentivar la corrupción, según lo mencionado por el diario La Prensa.
“El BCIE ha hecho caso omiso a las resoluciones del sistema Interamericano integrado en la Organización de Estados Americanos (OEA), tanto en materia de violación sistemática de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como la declaración de ilegitimidad resultante de la farsa electoral de noviembre pasado. Resulta entonces contradictorio e inmoral su financiamiento a un régimen ilegítimo”, afirmaron los opositores.
Los opositores también señalaron que, a pesar de las constantes denuncias de que el BCIE se excede en su respaldo al régimen, muy contrario a lo que establecen los lineamientos generales del mismo banco y de las instituciones que integran el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), observaron “un nuevo respaldo del presidente del BCIE a la política de Ortega-Murillo para reconstruir con la empresa privada un nuevo pacto”.
Las agrupaciones firmantes instaron al directorio del ente bancario para que revisen sus políticas de crédito hacia el régimen, tomando en cuenta las múltiples denuncias sobre gobernabilidad, derechos humanos e incumplimiento de condiciones específicas para la ejecución de proyectos que pesan sobre Ortega.
Además, indicaron que los descuidos en el otorgamiento de préstamos a Nicaragua ha ocasionado que sean cómplices de la deforestación de zonas protegidas, así como del delito de tráfico ilegal de madera. Aunado a esto, también denunciaron que “los fondos han sido desviados para financiar la represión, incentivar la corrupción o para paliar el déficit fiscal que en su desgobierno este régimen enfrentaba”.
El BCIE “no investigó estas denuncias, por lo que los directores del banco se están convirtiendo en cómplices de la dictadura al ignorar los reclamos del pueblo nicaragüense”, puntualizaron.
“Las organizaciones de la oposición nicaragüense firmantes se dirigirán nuevamente tanto a la Asamblea de Gobernadores como al directorio ejecutivo de este Banco, con la demanda de que escuchen nuestros planteamientos para una necesaria reconsideración de sus políticas crediticias en situaciones extremas, como la de Nicaragua”, destacaron.
Opositores rechazan encuentro
Los opositores, algunos radicados en el país y otros desde el exilio, expresaron su rechazo al encuentro con los empresarios al denunciar que el banco regional está siendo “cómplice” del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, al reunirse con organizaciones empresariales cuyos directivos electos se encuentran detenidos desde el año anterior.
El medio de comunicación afirmó que desde el 29 de abril la Fiscalía, dominada por Ortega, declaró culpables a Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), por el delito de “menoscabo a la integridad nacional”, con penas de 13 y nueve años, respectivamente.
“Por tanto, quienes se presentan a esta sesión lo hacen porque se les lleva con una pistola en la sien o porque son partícipes del actuar de la dictadura”, se lee en el comunicado de los opositores, mencionado por el periódico de Nicaragua.
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La Prensa indicó que Healy y Vargas dirigían la principal organización de empresarios en el país y están detenidos desde el pasado 21 de octubre en el complejo de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como El Chipote. Healy fungía como presidente desde setiembre del 2020. Su antecesor, José Adán Aguerri, también está preso y fue condenado a 13 años de cárcel.
Estos tres líderes empresariales son parte de los más de 40 presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, encarcelados entre mayo y diciembre del 2021. En Nicaragua actualmente hay más de 180 presos políticos, entre los cuales hay estudiantes, activistas de derechos humanos y siete precandidatos presidenciales.
BCIE mantiene cartera activa para el sector privado de Nicaragua
Luego del encuentro entre empresarios y representantes del régimen de Ortega, el BCIE compartió a través de su sitio web que abordaron temas relacionados a la infraestructura, el avance tecnológico, así como los posibles mecanismos para la inversión al sector productivo, de energía, vivienda, comercio y proyectos innovadores, entre otros.
“Hoy hemos conversado con 13 representantes de cámaras de comercio, 8 instituciones financieras, la asociación de bancos de Nicaragua y la cámara de microfinanzas sobre los mecanismos de financiamiento con los que cuenta el Banco como herramientas de recuperación y dinamización de la economía”, aseguró Mossi.
El ente regional destacó que revisará la estructura de costos de oportunidades de financiamientos para que el receptor final reciba recursos “a un costo razonable”, como parte del respaldo a la empresa privada en el país. “Además se analizará la posibilidad de realizar emisiones de bonos en moneda local para financiar proyectos del sector de la construcción, como una alternativa a construcciones verticales”.
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Otro punto abordado fue el de la creación de su Fundación, el fondo de capital del BCIE previsto a lanzarse el próximo 30 de junio, así como la oportunidad de las diferentes entidades a optar por fondos que provienen de Corea con la creación de iniciativas de negocio.
El BCIE mantiene en Nicaragua operaciones activas dirigidas al sector privado, “con una cartera que asciende $119.28 millones en 8 instituciones financieras intermediarias”, según detallaron. El organismo también donó su anterior edificio en Nicaragua a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que no contaba con uno propio en el país.
Mossi dijo estar seguro de que “estas instalaciones serán de mucho provecho para desarrollar y visibilizar adecuadamente sus importantes funciones como entidad regional que dentro de su competencia garantiza el respeto al derecho, tanto en la interpretación del protocolo de Tegucigalpa, como de sus instrumentos complementarios y actos derivados del mismo”.
