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Managua. La periodista y exaspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, fue condenada este lunes a ocho años de prisión tras ser hallada culpable por delitos que le atribuye el gobierno de Daniel Ortega. Chamorro es hija de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios y el periodista Pedro Joaquín Chamorro.
La sentencia la dictó a puerta cerrada, sin acceso al público o a la prensa, el juez Luden Martín Quiroz García, a quien el diario La Prensa, de Managua, califica como “orteguista”, dado en que ese país es cuestionado porque no hay separación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pues todos están dominados por la pareja gobernante, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Cristiana Chamorro, de 68 años, continuará bajo arresto domiciliario, régimen en el que se encuentra desde junio, informó el independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que sigue los procesos contra opositores detenidos. Su condena es por delitos como lavado de dinero (por el cual se le castigó con cinco años) y apropiación indebida (tres años). Las autoridades no han dado detalles de las condenas.
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La líder opositora fue declarada culpable el viernes 11 de marzo del 2022 por los delitos que le imputó el gobierno de Ortega el año pasado. Con esa imputación, la que era favorita para triunfar en las elecciones presidenciales de noviembre, quedó fuera de competencia y así Ortega allanó el camino a la reelección.
La Fiscalía pidió una pena de hasta 13 años para Chamorro y los trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Walter Gómez y Marcos Fletes, encontrados culpables de gestión abusiva, apropiación y retención indebida, falsedad ideológica y lavado de bienes y activos.
La sentencia se produjo tras un juicio de siete días, sin acceso a la prensa ni al público, celebrado en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la policía en Managua, conocida como El Chipote.
Según la Fiscalía, los delitos habrían sido cometidos a través de la FVBCH, dedicada a promover la libertad de prensa y expresión. Pedro Joaquín, hermano de Cristiana, recibió nueve años de condena y permanecerá recluido en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía conocida como El Chipote.
Gómez y Fletes, empleados de la fundación inoperativa desde el año pasado, y el chofer de Cristiana Chamorro, también recibieron condenas de hasta 13 años. A la excandidata y a los tres funcionarios “les fueron impuestas multas millonarias” que son “imposibles de pagar, y si se llegaran a conmutar equivaldría a prisión perpetua”, dijo el Cenidh.
Cristiana ya había rechazado los cargos, y aseguró que el caso en su contra fue armado por haber intentado “servir a los nicaragüenses” como candidata a la presidencia en las elecciones de noviembre pasado.
Ella fue detenida el pasado 2 de junio, días después de haber anunciado su intención de inscribirse como precandidata a la presidencia de la derechista alianza Ciudadanos por la Libertad (CXL).
Era una de las favoritas para competir contra la reelección de Ortega, un exguerrillero de 76 años que gobierna desde el 2007 y que en noviembre pasado obtuvo un cuarto mandato consecutivo.
Cristiana Chamorro es parte de los siete aspirantes a la presidencia detenidos junto a otros 39 opositores el año pasado bajo cargos, en su mayoría, de atentar contra “la integridad nacional”.
Los opositores han sido juzgados al amparo de una ley de Defensa de la Soberanía, aprobada en 2020 por el Congreso que controla el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La oposición y la comunidad internacional consideran que las detenciones tuvieron motivaciones políticas y buscaron asegurar la continuidad de Ortega en el poder.
El diario La Prensa consignó declaraciones de Cristiana Chamorro en el juicio. “Usted me está violentando mi derecho a la libertad de expresión, que tanto defendió mi padre y yo estoy en la obligación de seguir defendiendo ese legado que dejó mi padre, el Mártir de las Libertades Públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y mi madre, la expresidenta Violeta Barrios”, dijo.
Y añadió: “Ustedes me están criminalizando por capacitar a periodistas y se está utilizando la justicia no para decir la verdad. Si yo he sido el canal para recibir esas donaciones y capacitar a los periodistas es porque soy una persona honesta. Yo nunca he tomado dinero de la FVBCH para mi propio beneficio porque fui educada con grandes valores y tampoco he tenido necesidad de hacerlo”, expresó.
Asimismo, su hermano Pedro Joaquín, juró su inocencia ante la memoria de su padre y ante su madre, su esposa e hijos. “No he cometido ningún delito. No soy culpable de lo que me están acusando”.
Gómez dio gracias a Dios por la familia que tiene y por su honradez. “Soy inocente. Le doy gracias a Dios por la esposa y los hijos que me dio, porque por ellos yo no haría nada indebido. En mis treinta años de laborar en diferentes instituciones nunca he cometido un delito”.
Mientras que Vásquez, quien por muchos años se desempeñó como conductor privado de Cristiana, aseguró que sus manos “nunca han estado manchadas por andar haciendo cosas ilícitas”, consignó La Prensa.
