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Managua. La líder opositora y principal exaspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, fue declarada culpable el viernes de los múltiples delitos que le imputó el gobierno de Daniel Ortega el año pasado, cargos que le impidieron competir como favorita contra la reelección del mandatario.
En el juicio también fueron sentenciados su hermano, Pedro Joaquín Chamorro, y tres extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). “Declararon culpables a todos (...) el 21 de marzo leen la sentencia”, dijo Olama Hurtado, sobrina de Chamorro, a la AFP.
La Fiscalía pidió una pena de hasta 13 años para Chamorro y los trabajadores de la FVBCH, Walter Gómez y Marcos Fletes, encontrados culpables de gestión abusiva, apropiación y retención indebida, falsedad ideológica y lavado de bienes y activos. La sentencia se produjo tras un juicio de siete días, sin acceso a la prensa ni al público, celebrado en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la policía en Managua, conocida como El Chipote.
Cristiana Chamorro, de 68 años y periodista de profesión, es hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y está bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021. Ella se perfilaba como favorita en las encuestas para enfrentar a Ortega en los comicios de noviembre del año pasado, en los que no pudo participar luego de ser detenida, junto a otros seis exaspirantes y 39 opositores
“Quieren manchar mi nombre, pero no lo van a conseguir. Jamás van a conseguir manchar el nombre de mi padre, ni de mi madre, porque soy inocente”, dijo la opositora al finalizar el juicio, según consignó el portal de internet 100% Noticias, crítico del gobierno.
La Fiscalía solicitó una condena de hasta nueve años para el hermano de Chamorro, Pedro Joaquín, al que le eximieron del cargo de lavado de bienes y activos. Para su chofer Pedro Vásquez pidió siete años, como “colaborador necesario” en el delito de lavado de dinero.
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Cristiana Chamorro Barrios y su hermano Pedro Joaquín fueron declarados culpables en el mismo juicio. Para ambos, así como para los demás condenados, la Fiscalía solicitó penas de cárcel. (El confidencial)
‘Desestabilizar la buena marcha’ del Gobierno
La Fundación de Chamorro, que llevaba el nombre de su madre, se dedicaba a promover la libertad de prensa y a capacitar a periodistas. Durante el proceso, la Fiscalía, en manos del oficialismo, acusó a la FVBCH de financiar a periodistas y medios de prensa para “desestabilizar la buena marcha” del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
En el extenso proceso contra Chamorro y otros cuatro procesados desde el 3 de marzo, la Fiscalía aportó más de 70 pruebas documentales y unos 40 testigos, en su mayoría agentes de policía, según fuentes cercanas a la familia.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) afirmó que al igual que los procesos contra otros detenidos, en este también “imperaron las ilegalidades” Añadió que las pruebas documentales presentadas por la Fiscalía “no demostraron la comisión de ningún delito”.
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“Hubo una valoración errónea de las pruebas” de parte del juez, porque la defensa aportó elementos de que los acusados “no cometieron ningún ilícito”, dijo a la AFP uno de los abogados, quien prefirió no dar su nombre.
El juez Luden Quiroz, a cargo del juicio, aún no se pronunció sobre si cambiará la prisión domiciliar que se impuso a Chamorro el 2 de junio del 2021, cuando fue arrestada. La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, estimó que eso se determinará el 21 de marzo, cuando se dicte la pena a los procesados.
31 condenados a prisión
Desde que iniciaron los juicios, el 1.° de febrero, de los 46 opositores detenidos el año pasado, al menos 31 han recibido condenas de entre ocho y 13 años de prisión, la mayoría por menoscabo a la integridad nacional y difusión de noticias falsas. Los opositores son juzgados al amparo de una ley de Defensa de la Soberanía, aprobada en 2020 por el Congreso que controla el FSLN.
La norma castiga a quienes promueven actos que atentan contra la integridad nacional, apoyan sanciones y la injerencia extranjera. La oposición y la comunidad internacional consideran que las detenciones tuvieron motivaciones políticas y buscaron asegurar la continuidad de Ortega en el poder.
Se estima que en el sistema penitenciario hay otros 124 opositores detenidos en el contexto de la crisis política que vive el país desde 2018. En ese año estallaron violentas protestas antigubernamentales, donde murieron 355 personas por el uso excesivo de la fuerza y unos 100.000 se exiliaron, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ortega, un exguerrillero de 76 años, está en el poder desde el 2007. Su reciente mandato ha sido cuestionado por la comunidad internacional, entre ellos la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea, por considerar que las elecciones no fueron democráticas.
