Pandilleros se esconden hasta debajo de la tierra en El Salvador

De acuerdo con datos oficiales, en los primeros nueve días desde que el gobierno restringió las libertades individuales mediante el régimen de excepción han aprehendido a un total de 5.747 miembros de las Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.

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Debido a la “cacería” contra los pandilleros que lanzó el presidente salvadoreño, muchos han tenido que ocultarse para evitar ser capturados. “Literalmente, los temibles pandilleros están huyendo y escondiéndose de nuestra Policía Nacional y Fuerzas Armadas”, tuiteó Nayib Bukele.

Tal es el caso de Edgar Antonio Sigüenza, quien hizo una cueva para escabullirse de las autoridades, en la colonia Valle Las Delicias, en San Martín de San Salvador. Según la Policía Nacional, Sigüenza cavó un hueco bajo tierra para ocultarse, pero siempre fue localizado y capturado por los agentes.

El gobierno salvadoreño responsabilizó a estas agrupaciones de la ola sangrienta que afectó al país durante el último fin de semana de marzo, el cual dejó 87 homicidios. Por esta razón, fueron calificadas como grupos “terroristas” por el Congreso del país, dominado por el partido de Bukele, lo que llevó a un aumento en las penas de cárcel de hasta 45 años.

Además, el mandatario decretó emergencia máxima en las cárceles, racionó la comida para los prisioneros y les quitó sus colchonetas y la posibilidad de salir a tomar el sol. “En estos días hemos arrestado 3,000 más (y seguimos). Así que cada vez habrá menos espacio y tendremos que racionar aún más”, escribió días atrás.

Estas decisiones le han valida fuertes críticas de gran parte de la comunidad internacional, así como de instituciones que velan por los derechos humanos, quienes consideran que las medidas tienen tintes autoritarios. Una de ellas es Human Rights Watch (HRW), que aseguró que la restricción de libertades “abre la puerta a que se cometan violaciones de derechos humanos”.

“Privar a los reclusos de ropa, luz, ropa de cama, acceso al aire libre, alimentos y agua adecuados también es incompatible con los estándares internacionales sobre el trato a los detenidos”, apuntó HRW. Tamara Taraciuk Broner, directora para las Américas de la entidad, instó al gobierno de Bukele a tomar medidas serias, sostenibles y respetuosas de los derechos humanos para frenar la atroz violencia que ejercen las pandillas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también hizo un pronunciamiento donde expresó su preocupación por las medidas carcelarias, las cuales constituyen “políticas de carácter represivo” que pueden resultar “en serias violaciones a los derechos humanos”. La CIDH instó al gobierno a revertir urgentemente las medidas.

Al respecto, Bukele ha respondido de forma sarcástica y ha catalogado a la comunidad internacional y a los periodistas que critican sus medidas como “socios de los pandilleros”. “No hay duda que arreciarán sus ataques a medida sientan que pierden su brazo armado. Vendrán condenas, noticias falsas desde sus medios, demandas internacionales, financiamiento del terrorismo”, escribió.

El Salvador cerró el 2021 con la cifra más baja de homicidios anuales desde que se tienen registros de criminalidad, con 1.140 asesinatos. Bukele atribuye esa disminución dramática al plan de seguridad de su gobierno, aunque diversos medios independientes como El Faro han puesto en tela de duda que esa sea la razón y más bien señalan que la reducción en los asesinatos responde a negociaciones encubiertas realizadas por miembros de su gabinete con las pandillas.

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