EscucharSan Salvador. La Policía de El Salvador detuvo durante el fin de semana a un total de 576 personas por el alza de los homicidios en el país centroamericano, que obligó a imponer un estado de excepción de 30 días para combatir la ola.
En un mensaje publicado a través de la red social Twitter, la Policía compartió una imagen en la que puede verse a “más de 40″ de los detenidos, a los que acusan de ser “pandilleros”. “Seguiremos la guerra contra las pandillas para capturar a más criminales”, aseguraron las autoridades.
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La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó el domingo la entrada en vigor durante 30 días del régimen de excepción en todo el país para combatir la ola de homicidios, que el sábado dejó más de 60 muertos. La ola de crímenes ha ido en ascenso desde principios de año y el presidente, Nayib Bukele, prometió atajarla de raíz.
Bukele se ha hecho eco de las detenciones y celebró que el número sea alto “en sólo dos días”. “El régimen de excepción durante 30 días, prorrogables”, advirtió, remarcando que los pandilleros “no saldrán libres”. Junto al estado de excepción, el mandatario ordenó al director general de Centros Penales de El Salvador, Osiris Luna, que decretara la emergencia máxima en todas las cárceles de seguridad y máxima seguridad.
“Todas las celdas cerradas 24 horas al día siete días a la semana, nadie sale ni al patio”, pidió en Twitter, antes de mandar un “mensaje para las pandillas: por sus acciones, ahora sus ‘homeboys’ —colegas— no podrán ver ni un rayo de sol”. El presidente salvadoreño también advirtió de que “si la comunidad internacional está preocupada por sus angelitos” que “vayan” y “les traigan comida” porque él “no le quitará presupuesto a las escuelas para darle de comer a estos terroristas”.
“Vamos a racionar la misma comida que se da ahora y de ahí comerán los nuevos también”, aseguró. Luna afirmó a Bukele que “la orden será de cumplimiento inmediato” y especificó en la citada red social que los presos “tendrán dos tiempos de comida al día y se revisará el menú para que sea de menor coste en los penales de seguridad y máxima seguridad”.
Durante 30 días, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.
