EscucharSan Salvador. Luego de más de cuatro meses desde que se aprobó por primera vez el régimen de excepción en El Salvador, como una solicitud del Ejecutivo, tras un incremento repentino de homicidios que dejó a más de 80 personas fallecidas en un fin de semana; el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, habló sobre cuándo podría finalizar la medida que suspende cuatro garantías constitucionales.
Merino Monroy explicó que mientras se encuentra la forma de actuar y preparación de las pandillas, medidas como la suspensión de garantías jurídicas seguirán siendo necesarias en el país, por lo que dejó entrever que el régimen impuesto por el oficialismo no estaría cerca de terminar.
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“Estamos convencidos que el régimen de excepción era la herramienta legal necesaria para impactar a las pandillas. Cesará hasta que el último pandillero que esté en la calle afronte a la justicia”, acotó el funcionario.
A pesar que las capturas en régimen están por alcanzar las 50.000, el titular de Defensa explicó que todavía existen personas señaladas como miembros de pandillas que no fueron capturadas, ya que la Policía Nacional Civil (PNC) cuenta con un listado de “fichados” que continúan bajo búsqueda.
Además, aseguró que hay otras personas que no están dentro de los registros de la PNC, pero que “sus características o evidencias” denotan que forman parte de grupos delictivos en distintas partes de El Salvador, por lo que también podrían ser capturadas.
Sobre las decenas de denuncias de capturas arbitrarias recibidas ante la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (Pddh) y la Corte Suprema de Justica (CSJ), Merino Monroy indicó que son parte del 1% de margen de error que fue manejado por las autoridades desde que se conoció sobre el primer caso de captura de personas inocentes.
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“Hay margen de un 1% de error (...). Pero nosotros no estamos actuando contra personas inocentes. No ganamos nada con llevar a una persona inocente”, dijo. En este sentido, aseguró que en ningún momento han pretendido violar las leyes del país, ya que “hay un marco jurídico que ampara a la PNC y Fuerza Armada”.
Según el último reporte de la PNC, se contabilizan 49.300 personas capturadas bajo el régimen de excepción, de los cuales a 42.000 se les decretó prisión, mientras que el resto continúa a la espera de su veredicto.
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