Régimen de excepción en El Salvador: ¿Por qué se sigue prorrogando?

La decisión de suspender algunas garantías constitucionales en El Salvador se tomó el 27 de marzo anterior, tras un incremento repentino de homicidios que dejó a más de 80 personas fallecidas en un fin de semana. Desde entonces, Bukele lanzó una política de “mano dura” en las calles del país, en lo que llamó una “guerra” contra las pandillas.

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La Policía de El Salvador ya detuvo a 50.000 personas bajo este sistema que permite detenciones sin orden judicial. De ellos, al menos 69 fallecieron en las cárceles de El Salvador. Además, el mismo Gobierno de Bukele ha aceptado que han arrestado inocentes, aunque, según dicen, son la minoría.

A raíz de esto, diferentes organismos internacionales acusan al país de cometer violaciones constantes de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y torturas a las población carcelaria. Tal es el caso de Amnistía Internacional, que ya manifestó que se necesita una política más integral para combatir las pandillas.

A pesar de las críticas de la comunidad internacional y de fuerzas opositoras del país, el Gobierno de Bukele propuso ante el Congreso, dominado por el oficialismo, la prórroga por quinta ocasión del régimen. La medida fue aprobada con 66 votos a favor y comenzará a regir a partir del 20 de agosto.

¿Cuándo podría terminar la medida? ¿Qué implica el régimen de excepción? ¿Por qué se sigue prorrogando? Acá se lo contamos:

¿Qué implica régimen de excepción?

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Primero que todo, es importante resaltar que el régimen de excepción es una medida constitucional, amparada en el artículo 29 de la Carta Magna de El Salvador. No obstante, la Constitución establece que debe utilizarse únicamente para responder a circunstancias extremas, como guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición catástrofe, epidemia u otra calamidad general.

El régimen de excepción implica la suspensión de cuatro garantías constitucionales: la libertad de movimiento, expresión, asociación, e inviolabilidad de las comunicaciones. Además, la Asamblea Legislativa puede suspender algunos elementos del derecho a la defensa y de la privación de libertad.

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Propiamente en este caso, aplican las detenciones sin necesidad de una orden judicial, la ampliación del tiempo máximo de detención administrativa (de 72 horas a 15 días), así como la suspensión del derecho de la persona arrestada de informarse sobre los motivos de su aprehensión.

Aunado a esto, El Salvador también adoptó reformas al Código Penal y a la Ley de proscripción de maras y pandillas, con las que incrementó considerablemente las penas de cárcel. Además, se prohibió la elaboración de grafitis alusivos a las pandillas y a la divulgación de mensajes de las mismas en medios.

¿Por qué se sigue prorrogando?

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El argumento del Gobierno de Bukele sigue siendo el mismo desde que se instauró la medida por primera vez: seguir con la “guerra” contra las pandillas y continuar capturando a supuestos miembros de estas agrupaciones. Actualmente, la cifra de detenidos alcanzó las 50.000 personas, muchas de ellas viven en condición de pobreza.

Vale la pena recordar que Nayib Bukele hizo de la seguridad un eje de la campaña política que lo llevó al poder y destacó al inicio de su mandato la mejora en los indicadores sobre homicidios, tras poner en marcha el “plan de control territorial” que, entre otras cosas, contempla el uso del Ejército como apoyo a la policía en labores de seguridad pública.

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Con la llegada de Bukele al poder, durante el año 2019, se dio una caída drástica en la cantidad de homicidios anuales. El presidente atribuyó esa disminución dramática a su plan de control territorial, aunque diversos medios independientes como El Faro han puesto en tela de duda que esa sea la razón y más bien señalaron que la reducción en los asesinatos respondió a negociaciones encubiertas realizadas por el gobierno con las pandillas.

Una investigación de ese mismo medio de comunicación aseguró que el fin de ese pacto con las pandillas fue el que provocó la jornada más violenta del siglo en El Salvador, con el asesinato de 87 personas en marzo, que provocó la instauración del régimen. Esta situación cayó como un balde de agua fría al Gobierno de Bukele.

Al instaurar la medida, que aumentó la presencia policial y militar en las calles, los índices de violencia en el país se redujeron nuevamente. El propio Bukele hace alarde de esa disminución en su cuenta de Twitter, sobre todo en los días cuando no ocurren homicidios.

¿Cuándo podría terminar la medida?

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De su lado, el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, explicó recientemente que el régimen “cesará hasta que el último pandillero que esté en la calle afronte a la justicia”. Monroy afirmó que todavía existen personas señaladas como miembros de pandillas que no fueron capturadas.

El titular de Defensa agregó que hay otras personas que no están dentro de los registros de la Policía Nacional Civil, pero que “sus características o evidencias” denotan que forman parte de las agrupaciones criminales. “Estamos convencidos que el régimen de excepción era la herramienta legal necesaria para impactar a las pandillas”, manifestó.

El funcionario aseguró que mientras encuentran la forma de actuar contra las pandillas, la medida que suspende garantías constitucionales seguirá siendo necesaria en el país, por lo que dejó entrever que el régimen de excepción no estaría cerca de terminar.

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