La Policía Nacional de Nicaragua detuvo, la mañana de este miércoles, al sacerdote Leonardo Urbina, encargado de la parroquia del Perpetuo Socorro, en la ciudad de Boaco. Monseñor Urbina es el segundo religioso en ser arrestado por el régimen de Daniel Ortega.
De acuerdo con medios nicaragüenses, Urbina recibió una cita en la estación policial de Boaco para responder a una supuesta denuncia en su contra; sin embargo, lo dejaron detenido. El sacerdote fue presentado en los Juzgados de Managua y acusado de los delitos de violación y lesiones psicológicas en perjuicio de una menor de edad.
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La audiencia se llevó a cabo este mismo miércoles y le dictaron prisión preventiva, según informan medios afines a Ortega. En la acusación se detalla que el delito habría sido cometido en tres ocasiones: la primera vez en diciembre del 2021, la segunda en enero y la más reciente en abril de este año.
Urbina se convirtió en el segundo religioso en ser arrestado por el régimen. El primero fue el sacerdote Manuel García Rodríguez, quien fue detenido el 1.º de junio. García Rodríguez fue condenado el 22 de junio por el delito de amenazas con arma blanca a cinco personas y el 1.º de julio fue declarado culpable de los delitos de lesiones psicológicas y físicas.
Esta no es la primera manifestación de Ortega contra la Iglesia, ya que ha acusado reiterada y públicamente a los obispos y sacerdotes de “terroristas” y “golpistas” por refugiar en sus templos a manifestantes que huían o fueron heridos durante la represión a las protestas que estallaron contra su gobierno en el 2018. Desde entonces las relaciones son tensas.
Recientemente, el régimen expulsó a un grupo de 18 misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta, quienes fueron escoltadas por patrullas y microbuses de la Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua hasta la frontera con Costa Rica.
El presidente Ortega justificó su decisión de expulsar a la agrupación que fue formada en la India por la Madre Teresa de Calcuta alegando que incumplieron la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Mientras que en mayo pasado, el obispo Rolando Álvarez denunció una persecución y asedio policial en su contra, que lo obligó a resguardarse por varios días en su parroquia, en Las Colinas, en Managua. Otros miembros de la Iglesia, como monseñor Silvio José Báez, llevan más de tres años en el exilio ante las amenazas del régimen.
Según el grupo Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en Nicaragua hay 182 presos políticos, de los cuales 46 fueron arrestados el año pasado, entre ellos siete exaspirantes a la presidencia que pretendían competir contra Ortega en las elecciones de noviembre.
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