Chile. El Mercurio/GDA. Chile se pronunció y desechó una nueva propuesta constitucional, de forma más ajustada que en el plebiscito del 2022, pero con la misma claridad: el “en contra” se impuso al “a favor” con un 55,76% de los votos tras el escrutinio de más del 99% de las mesas.
La opción crítica con el texto redactado por el Comité de Expertos y el Consejo Constitucional se impuso en 13 regiones y ganó holgadamente en la región metropolitana de Santiago (RM), el bastión de toda elección.
A eso se sumó el respaldo de la Región Valparaíso, con lo que la opción del “en contra”se hizo imbatible.
El respaldo de las regiones de la macrozona sur al “a favor” no hizo mella en el resultado, pero lo maquilló y lo volvió más ajustado.
En el plebiscito de setiembre del 2022, la opción “rechazo” ganó en todas las regiones con el 61,89% de los votos (7.891.415 sufragios) y el “apruebo” obtuvo un 38,11% (4.859.103 apoyos).
Con este resultado, este 17 de diciembre se terminó un periodo de más de 10 años en que la política chilena se “constitucionalizó”; primero, con una demanda de Asamblea Constitucional, para luego pasar por una propuesta sin mucho ánimo del gobierno de Michelle Bachelet, y concluir con una discusión tangible, con dos órganos redactores y dos plebiscitos.
El camino dejó más o menos lo mismo: la actual Carta Magna, doblemente consolidada y, para muchos, democráticamente legitimada. El presidente Gabriel Boric se había referido a ese texto como el “de los cuatro generales”, pues fue redactado durante la dictadura.
“La Constitución de 1980, si bien tiene un problema en su origen, tiene un recorrido con el cual los gobiernos democráticos en general pueden gobernar”, dijo en campaña el presidente del Partido por la Democracia (PPD), senador Jaime Quintana.
¿Pero concluye este proceso? “Al menos, por los dos años restantes que nos quedan como gobierno”, dijo la vocera Camila Vallejo, este domingo, luego de votar.
Lo que en un momento, allá por noviembre del 2019, parecía una vía para encauzar el estallido social, parece añejo ante las demandas actuales de la ciudadanía: la seguridad y reimpulsar la economía.
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