EscucharCiudad de Panamá. Panamá vive desde hace una semana una agitación social con manifestaciones, bloqueos de calles y paros laborales en rechazo a la operación, con la venia del gobierno, de la mina de cobre más grande de Centroamérica.
El gigante minero canadiense First Quantum Minerals (FQM) y el gobierno de Laurentino Cortizo están en el ojo del huracán, pero el movimiento de protesta, que incluye a obreros, maestros, médicos, estudiantes y ambientalistas, aumentó sus reivindicaciones.
¿Cuál fue el detonante de las protestas?
En menos de 24 horas, el Congreso aprobó el 20 de octubre una ley que selló el acuerdo firmado este año entre FQM y el gobierno, y Cortizo la sancionó.
El acuerdo, que permite a la minera operar en Panamá por 40 años, llevó una larga negociación después que la Corte Suprema de Justicia declarara en 2017 inconstitucional el contrato original porque se hizo sin licitación.
“Hay un desgaste de las instituciones y una ruptura con los actores que ejercen la representación política”, dijo Harry Brown, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales.
Para el sociólogo Danilo Toro la minera fue el "gatillo" de un "disgusto acumulado" por el costo de la vida y otros problemas sociales, y advirtió del riesgo de "una explosión social".
En las marchas muchos llevan pancartas y gritan consignas contra la "corrupción".
¿Qué piden los manifestantes?
Los manifestantes exigen la derogación de la ley. Pero algunos sectores ahora piden paralizar las concesiones mineras y se decrete una moratoria.
"Hay 15 concesiones de minería y hay 103 solicitudes de minerías, lo que nos preocupa porque está claro que la actividad minera no es sostenible", opinó José Isaac González, del grupo cívico juvenil Sal de las Redes.
La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura pidió la revisión del código de minería y un "monitoreo" y control "estricto" de las concesiones existentes.
"Solicitamos al gobierno urgentemente una moratoria inmediata de nuevas concesiones mineras", agregó.
En un documento, la Universidad de Panamá pidió "revocar la aprobación al contrato" y un referéndum nacional que decida si continuar con la actividad minera a cielo abierto en el país.
¿Cuál es el riesgo económico?
El contrato contempla ingresos mínimos anuales de $375 millones para el Estado panameño, diez veces más que el acuerdo anterior, de 1997.
La empresa canadiense, que también opera en España y otros países, se compromete además a millonarias inversiones en las comunidades cercanas a la mina.
"No haber hecho una licitación es un error que ya se cometió (...) Cerrar la mina que está operando sería una mala decisión, excesivamente costosa", opinó el economista Felipe Chapman.
Un cierre llevaría a Panamá a demandas en instancias internacionales.
Cortizo afirma que con las regalías se aumentarán las pensiones y los aportes al seguro social, pero sobre todo son recursos cruciales para el presupuesto estatal.
La compañía y el gobierno destacan que desde febrero de 2019 la mina produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, aporta más del 4% del PIB y el 75% de los ingresos por exportaciones.
El ministro de Comercio, Federico Alvaro, asegura que el contrato protege 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos.
¿Y cuál el ambiental?
Panamá dispone de grandes reservas de cobre en Cerro Colorado (oeste) y en Donoso, en la caribeña provincia de Colón, donde está la gigantesca mina a cielo abierto, a 240 km de la capital.
Para la ambientalista Raisa Banfield, es "nefasto que una de las actividades más destructivas y contaminantes se desarrolle en un país pequeño que en una hora conecta dos océanos a través de sus ríos y bosques tropicales".
“Se están destruyendo miles de hectáreas, cerros, montañas, incluso ríos que se están convirtiendo en el lavadero de la industria”, declaró.
Parte de los depósitos minerales de Panamá están en áreas importantes de biodiversidad como el Corredor Biológico Mesoamericano.
“Este proyecto abre una brecha en el corredor que tendrá impacto sobre la conectividad ecológica entre América del Norte y del Sur”, aseguró George Hanily, director de la Asociación Nacional de Conservación (Ancon).
¿Cuáles son las posibles salidas ?
Lilian González, del Centro de Incidencia Ambiental, aseguró que la solución está en una "derogatoria" por parte del Congreso, a petición del gobierno.
De lo contrario la salida quedará en la Corte, ante la que se presentaron varias demandas contra la ley. El abogado Giovanni Olmos abogó por medidas cautelares para suspender los efectos del contrato.
César Ruiloba, expresidente del Colegio de Abogados, opinó que la Corte puede dirimir, pero que la solución debe ser política.
Algunos analistas señalan que el gobierno puede apostar al desgaste de la protesta e incluso a la llegada de las fiestas patrias en noviembre, todo un acontecimiento en Panamá.
