Bogotá. La autoridad electoral de Colombia (CNE) decidió este martes iniciar una investigación administrativa contra el presidente Gustavo Petro por presunta violación de los topes de gastos en su campaña de 2022. El mandatario califica estas pesquisas como un intento de “golpe de Estado”.
A Petro y a algunos dirigentes de su equipo de campaña se les atribuye la vulneración del límite de gastos por el equivalente a unos $925.000, afirmó en una rueda de prensa el presidente del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy.
El mandatario se expone a multas económicas, pero no a la pérdida del cargo. Sin embargo, expertos señalan que el CNE puede remitir una copia de la investigación a la Cámara de Representantes para que el Presidente enfrente un juicio político.
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Entre los investigados se encuentran Ricardo Roa, gerente de la campaña de Petro para llegar al poder en 2022, y su tesorera. También se incluyen dirigentes de Colombia Humana y Unión Patriótica, los principales movimientos políticos de izquierda en el país.
Desde el inicio de las averiguaciones sobre estas presuntas irregularidades, el presidente insiste en que la autoridad electoral se utiliza para derrocarlo. “Ha comenzado el golpe de Estado”, escribió de inmediato en la red social X.
Dineros de un narco
Las sospechas por las presuntas violaciones a los topes establecidos por la ley crecieron en julio del año pasado. En ese momento, el hijo mayor del Presidente, Nicolás Petro, reconoció ante la fiscalía que recibió dinero de un narcotraficante y que lo utilizó en algunos eventos de campaña en la costa Caribe.
El abogado del presidente, Héctor Carvajal, anticipó en una entrevista radial que no reconocería ninguna decisión del CNE y que tomaría medidas legales.
Petro asegura que el CNE tiene un sesgo, pues algunos de sus magistrados son cercanos a partidos de derecha.
En redes sociales, algunos de sus aliados comenzaron a hacer un llamado a “defender la Constitución”.
Según las pesquisas realizadas hasta el momento por el CNE, el equipo de Petro no reportó gastos realizados para organizar encuentros multitudinarios con seguidores en la costa Caribe, una región tradicionalmente de derecha que en la pasada elección catapultó al izquierdista a la presidencia.
Esa hipótesis tomó fuerza después de que Nicolás Petro manifestara ante la fiscalía que el dinero de un narcotraficante conocido como “el hombre Marlboro” ingresó a la campaña.
La confesión ocurrió en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, por la cual el hijo del Presidente fue detenido en julio de 2023.
Nicolás Petro asegura que su padre no conocía sobre esos movimientos de dinero.
Otro escándalo salpicó al presidente tras la filtración, en junio de 2023, de una serie de audios de conversaciones telefónicas de su embajador ante la FAO y exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, con su mano derecha, Laura Sarabia. En esos audios, Benedetti amenazaba con “contar la verdad” sobre supuestas anomalías realizadas para conseguir votos en la región Caribe.
También se investiga la procedencia de aportes de un sindicato de Ecopetrol y pagos realizados, pero presuntamente no reportados, a testigos electorales durante las votaciones.