El presidente Andrés Pastrana ha manifestado su propósito de sanear las costumbres políticas y construir la paz, y ahora afronta una rebelión del Congreso, en medio de una nueva escalada de la guerra civil que ha dejado un centenar de muertos en las últimas dos semanas.
Las audiencias públicas, en el marco de las negociaciones de paz iniciadas el pasado 24 de octubre con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se abrían ayer en el sur del país a pesar de la destrucción el miércoles por parte de los rebeldes de un helicóptero de la policía antidroga.
Esta nueva ofensiva de las FARC se presentó al día siguiente de la propuesta del jefe del Estado conservador de un referéndum, previsto para el 30 de julio próximo, que busca disolver el Congreso bicameral para disminuir el número de electos, y poner freno a la corrupción.
El golpe de efecto provocado por Pastrana fue ripostado de inmediato por 70 congresistas, quienes señalaron que debería someterse también en consulta la Presidencia.
El referéndum para una reforma del Congreso, con la supresión de 58 de las 161 curules de la Cámara de Representantes (cámara baja) y de 32 de las 102 curules de senadores, buscaba desactivar la bomba de la corrupción en el medio político.
La firma a finales de diciembre, durante las vacaciones del Congreso, de 60 contratos injustificados de prestación de servicios, con un valor de $2,7 millones (¢810 millones), entre ellos la compra de papel higiénico por $50.000 (¢15 millones) en un mes, había provocado un choque de opinión, con un balance de siete arrestos de altos funcionarios y la renuncia del presidente de la Cámara de representantes, Armando Pomárico.
La fuerza del contraataque del Congreso fue tal que condujo al Jefe del Estado a anular su viaje previsto para esta semana a Italia, Estados Unidos y el Reino Unido.
Al mismo tiempo, la reactivación de ofensivas que vienen de todos los frentes contra el ejército, la policía o la población civil por parte de la guerrilla o los paramilitares desde hace dos semanas se ha traducido en un balance de 100 muertos, en acciones que incluyeron dos coches-bomba en las cercanías de Bogotá.
Los debates previstos ayer en la zona desmilitarizada de 42.000 km2, puesta a la disposición de las FARC por el Gobierno en 1998 en el sur del país, pondrán frente a frente a jefes de empresa, sindicalistas y guerrilleros.