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La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado guatemalteco a pagar una indemnización de $779.000 y a adoptar una serie de medidas para honrar la memoria de la antropóloga Myrna Mack.
Mack recibió 21 puñaladas en una calle de la capital guatemalteca, el 11 de setiembre de 1990.
La sentencia de la Corte, dada a conocer el lunes en su sede en San José, dio por demostrado que el Estado violó el derecho a la vida de la antropóloga guatemalteca, y que posteriormente negó garantías judiciales a los familiares de la víctima.
Fallo
La Corte ordenó investigar el caso “efectivamente” con el fin de “identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales” del crimen, así como a los responsables de encubrirlos.
Asimismo, afirmó que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en el caso, y honrar la memoria de la antropóloga, bautizando con su nombre una beca de estudios y una calle o plaza de la capital.
La Corte también ordenó al Estado a publicar la sentencia en su totalidad en el diario oficial del país y en un medio de comunicación escrito.
Indemnización
En el aspecto material, la sentencia– decidida el pasado 25 de noviembre– obliga al Estado guatemalteco a pagar $616.000 de indemnización por daño material e inmaterial a la hija de Mack, Lucrecia Hernández; a su hermana Hellen y a otros familiares.
También condenó al pago de $163.000 en favor de varias organizaciones humanitarias y bufetes de abogados, incluida la Fundación Myrna Mack –dirigida por su hermana– y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
“El Estado debe pagar la cantidad total de la indemnización ordenada por concepto de daño material, daño inmaterial y otros gastos establecidos en la Sentencia (...) dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta”, señaló el fallo de la Corte Interamericana.
Consultada por La Nación , vía telefónica, Hellen Mack calificó el fallo de histórico y llamó al Estado guatemalteco a aceptar su responsabilidad.
En una polémica resolución emitida en mayo pasado, la Sala Cuarta de Apelaciones de Guatemala revocó las condenas impuestas a tres militares acusados de ordenar el asesinato de Mack, que trabajaba con comunidades indígenas afectadas por el conflicto bélico que vivió Guatemala entre 1960 y 1996.
Los militares beneficiados por la decisión fueron el coronel retirado Juan Valencia, el general retirado Édgar Godoy, exjefe del desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP), y el coronel en retiro Juan Oliva, exsubjefe del Departamento de Seguridad del EMP.
Los organismos de derechos humanos, incluida la Misión de la ONU para Guatemala (Minugua), calificaron esta resolución como un ejemplo de que “es imposible” hacer justicia en Guatemala y de que hay sectores que están por encima de la ley.
En un fallo adicional anunciada ayer, la Corte también condenó a Guatemala por la violaciones a los derechos humanos en perjuicio de Maritza Urrutia García.
Según la denuncia presentada en enero del 2002, Urrutia fue secuestrada por tres hombres armados en julio de 1992 y trasladada a un centro clandestino de detención. El fallo obliga a indemnizar a Urrutia y su familia con $60.000.
