EscucharRío de Janeiro. Las fuerzas armadas realizaron este viernes una impresionante operación en un complejo de favelas de la violenta zona oeste de Río de Janeiro, en espera de asumir formalmente el control de la lucha contra el crimen organizado en este estado brasileño.
Más de 3.200 militares, apoyados por blindados, controlaron junto a policías los accesos y realizaron incursiones en las favelas de Vila Kennedy, Vila Aliança y Coreia, informó la Secretaría de Seguridad de Río.
En una calle adyacente a Vila Aliança, sobre la mesa de un puesto de la Policía Militar (que depende de la autoridad de cada Estado) varios agentes efectuaban el recuento del material decomisado: pistolas, cargadores, barras de marihuana prensada, bolsitas de cocaína, bolsas con otras drogas y dos barras de dinamita, comprobó un periodista de la AFP.
Una persona de unos 45 años se hallaba esposada en el lugar.
Según el teniente Jansen, del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) de la PM, dos personas fueron arrestadas, una en el interior de Vila Kennedy y otra en un control de vehículos.
El oficial indicó que se registraron algunos tiroteos, que no dejaron muertos ni heridos.
La operación se produce exactamente una semana después de que el presidente Michel Temer decretara la intervención del área de seguridad de Río, confiando a los militares la lucha contra el crimen organizado en un estado confrontado a una espiral de violencia desde el fin de los juegos Olímpicos del 2016.
Sin embargo, el despliegue del viernes se dio aún en el marco del operativo de Garantía de la Ley y el Orden (GLO), que desde julio del año pasado envió a 8.500 militares a Río para apoyar a las fuerzas policiales.
No obstante, la presencia de soldados en tareas que no son solo de apoyo a la Policía parece marcar ya un cambio de modus operandi.
En una entrevista con Radio Bandeirantes, un periodista le preguntó a Temer: “Hoy hubo una ocupación de comunidades de Río de Janeiro por el Ejército (...). ¿Entonces está probado que no se trata solo de logística?”. A lo que el mandatario respondió: “No es una ocupación. Se van a hacer inspecciones”.
Asimismo, Temer aseguró que el decreto carece de intenciones electorales, a menos de ocho meses de los comicios presidenciales, legislativos y de gobernadores. “No voy a ser candidato”, reiteró.
Sus adversarios le acusan de haber desviado a temas de seguridad el foco de la atención pública, ante la imposibilidad de hacer votar la reforma del sistema de las jubilaciones, que hasta la semana pasada era la principal bandera de su gobierno.
El dispositivo se completará con la creación, la semana próxima, de un Ministerio Extraordinario de Seguridad Pública.
Opiniones encontradas
Según una encuesta encargada por la Presidencia, la intervención de Río tuvo más de un 83% de aprobación en la población carioca, un porcentaje que contrasta con el exiguo 5% de popularidad del mandatario, que enfrenta varias investigaciones por corrupción.
La intervención “es bienvenida, pero no sirve de nada si no viene con medidas sociales: empleo, salud, educación, transporte, dignidad para el pueblo”, dijo Jean-Philippe, un habitante de Vila Kennedy que trabaja como portero.
Jean-Philippe expresa su desconsuelo ante un país y un estado donde las acusaciones de corrupción afectan a todos los partidos y apuntan a centenares de legisladores, ministros y altos cargos gubernamentales.
“El presidente de la República tendría que tener vergüenza y renunciar, porque el número uno de la Nación no está dando ningún ejemplo”, afirmó.
Varios pobladores consideraron que la intervención militar podría servir de freno a la corrupción policial. “Los policías hacen muchos negocios” en las favelas, comentó un inspector de autobuses de la zona, que prefirió mantener el anonimato.
En junio pasado, un centenar de PM fueron denunciados por cobrar coimas e incluso por vender armas a narcotraficantes.
La salida de los militares de los cuarteles creó, no obstante, fuertes recelos en un país donde aún están vivos los recuerdos de la dictadura militar (1964-85).
Y puso en alerta a los estados vecinos –Sao Paulo, Minas Gerais y Espírito Santo– ante el temor de que las bandas o las actividades criminales de Río busquen bases con menos presión para operar.
