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Managua. Miles de nicaragüenses formaron este miércoles una cadena humana sobre la concurrida carretera de Managua a Masaya, para exigir la salida del poder del presidente Daniel Ortega y el cese de la violencia que deja más de 220 muertos en 75 días de protestas.
Con banderas y vestidos de azul y blanco, los colores de la bandera de Nicaragua, los manifestantes se apostaron en la ruta entre las rotondas capitalinas Rubén Darío y la Jean Paul Genie, distantes entre sí a 3,5 km.
“El pueblo se ha levantado y le decimos al comandante Ortega que se vaya, que renuncie, el pueblo no le tiene miedo”, dijo un joven de 27 años, con una bandera en su mano.
Muchos de los manifestantes son trabajadores de las empresas situadas a lo largo de la carretera.
Los manifestantes acusan a Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo de desatar una feroz represión contra las protestas y de instaurar el nepotismo y una dictadura en Nicaragua.
Carta de Humberto Ortega
“Adelantar constitucionalmente las elecciones para el año entrante dice sí a la paz”, subrayó la misiva, que envió a la mesa de diálogo que, bajo mediación de la Iglesia católica, siguen el gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
El diálogo está estancado porque Ortega, cuyo tercer periodo consecutivo concluye en enero de 2022, aún no responde a la petición desde hace casi un mes.
El hermano del presidente y exjefe del ejército de Nicaragua, general retirado Humberto Ortega, le pidió aceptar un adelanto de las elecciones de 2021 a 2019, y desactivar a los grupos armados ilegales, en una carta divulgada este miércoles.
En otro punto de la capital, cientos de simpatizantes del gobierno, en su mayoría empleados púbicos, realizaron una caminata “roja y negra”, colores del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que terminó con un concierto en la Avenida Bolívar.
“Ni un paso atrás”, “se queda, el comandante (Ortega) se queda”, coreaban los sandinistas a manera de respuesta al llamado de los opositores a que el mandatario y su esposa y vicepresidenta dejen el poder.
La violencia no cesa en Nicaragua. Las fuerzas policiales y grupos armados ilegales continúan desmontando barricadas de adoquines levantadas por los manifestantes.
En La Trinidad, en el norteño departamento de Estelí, 125 km al norte de Managua, policías y paramilitares mantienen bajo asedio la parroquia, donde unos 50 fieles se refugian desde que fuerzas el gobierno incursionaron el martes, con saldo de al menos un muerto.
“Hay una cacería de manifestantes desde ayer (martes) en La Trinidad, por parte de policías y paramilitares”, denunció a la AFP por teléfono Meyling Gutiérrez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en Estelí.
El cardenal Leopoldo Brenes pidió a la “Policía suspender dicha acción de acoso para que los fieles puedan retornar a sus hogares”.
Quema de vivienda
En la rebelde ciudad de Masaya, 30 km al sur de Managua, la vivienda del dirigente estudiantil de las protestas, Yubrank Suazo, fue quemada la madrugada de este miércoles.
“Este acto odioso, del cual es víctima mi familia, me afianza en mi lucha por conquistar una mejor Nicaragua”, declaró Suazo tras responsabilizar del hecho a grupos afines a Ortega.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) registra 309 muertos -288 identificados-, mientras que el Cenidh y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) reportan unos 220 fallecidos y una docena más en verificación.
Además, más de 1.500 personas han resultado heridas y unos 500 fueron detenidos -muchos ya liberados-, según los grupos de derechos humanos.
“Aunque nos estén matando y echando presos, ahí vamos a estar peleando por nuestros derechos”, dijo en el plantón en Managua una joven estudiante de antropología que se identificó como la “Morena”.
Ante la grave situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaló este martes un grupo de expertos internacionales de reconocida trayectoria que investigará violaciones a derechos humanos.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) trabajará por seis meses prorrogables para investigar los hechos de violencia y recomendar acciones de reparación a las víctimas y familiares, según la CIDH.
El gobierno acusa a los manifestantes de “delincuentes” y pretender con sus demandas y manifestaciones dar un golpe de Estado.
Ortega, exguerrillero sandinista de 72 años, estuvo en el poder por una década luego de que una insurrección popular derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979, y desde 2007 ha sido reelegido presidente por tres períodos consecutivos.
