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Asunción. AP. La sociedad paraguaya se muestra cada vez más dividida entre los partidarios y detractores de un posible aborto para una niña de 10 años que tiene cinco meses de embarazo, en un caso en el que intervino Amnistía Internacional que solicitó, sin éxito, la interrupción de la gestación.
Monseñor Claudio Giménez, obispo del santuario mariano Caacupé y presidente de la Conferencia Episcopal, dijo en su homilía de la misa dominical que “el país está dividido en dos: algunos quieren legalizar el aborto, el asesinato de un inocente que está aún en pleno periodo de gestación; y por el otro los que se oponen a esa idea.
”Legalizar la muerte de un niño, ¿es amarnos los unos a los otros?”, se preguntó, según difundieron los medios locales una parte de su discurso.
Monseñor Giménez hizo alusión al pedido de la oficina local de Amnistía Internacional a las autoridades para que ordenaran el aborto a fin de cuidar la salud de la víctima.
Sin embargo, el ministro de Salud Pública, Antonio Barrios, confirmó en conferencia de prensa que la gestación no será interrumpida debido a su avanzado desarrollo y porque, aseguró, la niña goza de buena salud. Se encuentra internada en el hospital de la Cruz Roja, de Asunción.
Las leyes prohíben el aborto salvo cuando la vida de la madre, sin importar su edad, corre peligro de muerte.
Mariela Martínez, vecina de la parroquia Domingo Savio, dijo ayer al terminar el acto litúrgico: “Debemos respetar al ser humano engendrado porque aunque no nació ya tiene vida. ¿Quiénes somos nosotros para decidir si vivirá o no?”.
Antonio Sosa, devoto de San Cayetano, manifestó –tras rezar en la misa de la parroquia Recoleta– su apoyo a los “ pastores en su posición de no aprobar el aborto”.
Mientras, Amnistía Internacional divulgó el contenido de otro comunicado reclamando a las autoridades la formación de una junta médica para evaluar la salud de la niña, de 10 años.
En tanto, el padrastro Gilberto Benítez, de 42 años, a quien se atribuye el embarazo de la menor y quien fue detenido el sábado, se encontraba el domingo aislado en una celda del departamento judicial de la Policía en espera de ser trasladado a una penitenciaría.
El comisario Luis Rojas, nuevo jefe del organismo policial, ordenó el aislamiento ante riesgos de que sea violado por los demás internos temporales, tal como ocurrió la semana pasada con un sospechoso de haber abusado de una niña de 5 años.
La fiscala Monalisa Muñoz, quien imputó al padrastro por los supuestos delitos de coacción sexual a una menor, informó el domingo a los periodistas que solicitará “al juez de garantías la prueba de ADN para confirmar o no nuestra sospecha de que es el autor de la gravidez”.
La senadora de centroizquierda Esperanza Martínez, ministra de Salud durante el anterior gobierno del exobispo Fernando Lugo, expresó su malestar en la última sesión del cuerpo legislativo.
“Debemos dejar la hipocresía y empezar con la educación sexual en las escuelas, para las niñas 5 y 6 años de edad”, destacó. “Ellas deben aprender a denunciar cuando un familiar, generalmente, la toquetea. Debe cambiarse el marco pedagógico del Ministerio de Educación para evitar que las niñas sean víctimas de abusos durante años”.
