EscucharLima. Patrullas militares y policiales custodiaban el martes las semivacías calles de Lima, haciendo cumplir un toque de queda diurno decretado por el gobierno peruano del presidente Pedro Castillo para contener protestas por el alza de precios de los alimentos y combustibles.
Los comercios estaban cerrados, clases suspendidas, y el transporte público era casi ausente en la capital y el vecino puerto del Callao, donde viven 10 millones de personas. Los limeños fueron sorprendidos por la medida, anunciada hacia la medianoche del lunes por Castillo por televisión, pues los disturbios de ese día habían sido focalizados y los más graves tuvieron lugar en provincias, no en la capital.
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El presidente argumentó que la “inmovilidad ciudadana” (toque de queda), que rige hasta las 11:59 de la noche, buscaba “resguardar la seguridad” de la población “ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear”. “Se tenía información de fuente reservada que hoy se iban a producir actos vandálicos. Esa es la razón por la que hemos tomado esta medida”, afirmó el ministro de Defensa, José Gavidia.
Castillo acudirá a reunirse con los líderes del Congreso para “analizar las propuestas y medidas necesarias para encontrar una solución a la crisis que afronta el país”, según un comunicado del Parlamento. El toque de queda, que provocó expresiones de rechazo en las redes sociales, no fue respetado por muchos limeños que igual acudieron a sus sitios de trabajo sin ser molestados por los militares ni policías. El mayor problema era la carencia de transporte público.
Pero buena parte de la población se gana la vida de manera informal por lo que la medida los dejó sin ingresos durante el día. “Fue una medida muy tarde e improvisada”, se quejó aCinthya Rojas, una nutricionista de un hospital en una parada de buses en El Agustino, al este de Lima.
En el distrito turístico de Miraflores muchos empleados llegaron por diversos medios a los hoteles donde trabajan, pagando taxi o caminando. Una mucama del Hotel Selina contó que había pagado 30 soles ($8) para llegar a trabajar desde su hogar en la Villa El Salvador, en el extremo sur de la ciudad.
Otros limeños pudieron usar el tren elevado urbano, que atraviesa la ciudad de norte a sur lejos de la costa, pero sus operaciones fueron suspendidas a media mañana por “recientes instrucciones del Ministerio de Transportes”. Algunos turistas tenían dificultades para comprar alimentos, pues todos los restaurantes y supermercados permanecían cerrados.
Al mediodía, en Miraflores, en el acomodado distrito de San Isidro y en otros municipios limeños muchos vecinos golpearon cacerolas en sus ventanas como protesta, observaron periodistas. Los servicios de autobuses interprovinciales fueron suspendidos, pero los vuelos domésticos e internacionales operaban con normalidad en el aeropuerto Jorge Chávez, dijo su concesionaria. En algunas ciudades de provincia había protestas y se mantenían los bloqueos en algunas rutas.
En duda partido de Flamengo
Un partido de fútbol de la Copa Libertadores entre el club peruano Sporting Cristal y el brasileño Flamengo, programado con público para la noche de este martes en el Estadio Nacional de Lima, estaba en duda. “Estamos a la espera de lo que diga Conmebol, pero lo que tenemos claro es que dice el gobierno que no se debe llevar el partido”, afirmó la gerente de comunicaciones del club limeño, Romina Antoniazzi.
El toque de queda sigue a las protestas el lunes en varias zonas de Perú por las alzas de los precios de los combustibles y alimentos, la primera paralización que enfrenta el gobierno de Castillo, en el poder desde hace ocho meses. Manifestantes y la policía chocaron en las calles, casetas de peaje en rutas fueron quemadas y algunos comercios fueron saqueados.
En un intento de apaciguar los reclamos, el gobierno había eliminado el fin de semana el impuesto a los combustibles y decretó un aumento del 10% del sueldo mínimo, que subirá a 1.025 soles ($277) a partir del 1 de mayo. Pero la central sindical CGTP, la principal del país, consideró insuficiente el aumento y llamó a sus afiliados a marchar el jueves.
Repudio
El anuncio del toque de queda llegó una semana después de que Castillo, un maestro rural de 52 años, se salvara de ser destituido por el Congreso, donde los opositores radicales lo acusan de “falta de rumbo” y permitir la corrupción en su entorno.
También coincidió con el 30º aniversario del autogolpe de Estado perpetrado por el ahora encarcelado expresidente Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992. Pero sectores más afines también criticaron el toque de queda. La excandidata presidencial Verónika Mendoza, cuyo partido colaboró al comienzo con Castillo, expresó su “total rechazo a esta medida arbitraria y desproporcionada”. La desaprobación a Castillo alcanza al 66%, según un sondeo de Ipsos de marzo.
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