“Esta decisión privará a decenas de miles de personas de una nacionalidad, lo que tendrá un impacto muy negativo en el resto de sus derechos fundamentales”, alertó ayer en Ginebra la portavoz de ese despacho, Ravina Shamdasani.
El Tribunal dictó una sentencia el pasado 26 de setiembre, según la cual los hijos de inmigrantes indocumentados que hayan nacido en la República Dominicana a partir de 1929 y, por tanto, estén registrados como ciudadanos dominicanos, perderán ese estatus al considerarse que sus padres estaban en el país “en tránsito”.
Hasta el 2010, en el país había regido el principio de la “nacionalidad automática” para todos los nacidos en suelo dominicano. Pero la nueva Constitución, promulgada ese año, establece que la ciudadanía solo se garantizaba en el caso de nacidos en el país siempre que al menos uno de sus padres fuera ya dominicano o bien residente legal.
Esta decisión, que no puede ser recurrida, da a la Junta Central Electoral el plazo de un año para elaborar una lista de personas que cumplan estos requisitos con el fin de retirarles la nacionalidad.
De acuerdo con la oficina de la ONU, decenas de miles de personas, que comprende tres generaciones, podrían convertirse en apátridas, sin acceso a servicios básicos para los que se requiere un documento nacional de identidad.
Diversos grupos de derechos humanos anunciaron una serie de protestas callejeras y un plantón frente al Tribunal Constitucional en los próximos días para exigir la revocación de la medida.
Luego de que las actas de nacimiento sean anuladas, los miles de afectados podrán solicitar la residencia legal en el país mediante un plan de regularización, explicó Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral.
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