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Caracas. AFP y EFE. La mayoría parlamentaria chavista aprobó ayer el desafuero de la diputada opositora María Mercedes Aranguren, lo que da al presidente venezolano Nicolás Maduro los votos requeridos para obtener “superpoderes”, en medio de una crisis inflacionaria a un mes de las elecciones municipales.
“Aprobado el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de la diputada María Mercedes Aranguren”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Inmediatamente, la legisladora abandonó el plenario.
A Aranguren, elegida por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y quien se pasó a la oposición, la acusan de corrupción y su escaño lo asumirá su suplente Carlos Flores, considerado por el oficialismo como un “chavista”.
Al Gobierno le falta un voto para alcanzar los tres quintos de la Asamblea Nacional –99 votos– que requiere la Constitución para aprobar la llamada “ley habilitante” , solicitada por Maduro el 15 de octubre y que le permitirá gobernar por decreto durante un año.
La semana pasada, y basado en denuncias del 2008, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolvió que hay méritos para enjuiciar a Aranguren por presunto peculado, asociación para delinquir y legitimación de capitales, y pidió al Legislativo que le retirara el fuero a fin de que sea procesada.
Defensa breve. En cinco minutos que tuvo durante la sesión parlamentaria para defenderse, Aranguren afirmó que “son falsas” las acusaciones en su contra y estimó que “obviamente esto es una retaliación política”. “Tengo las pruebas de que no tengo un centavo que haya pertenecido al pueblo venezolano”, agregó.
“Es despreciable que ustedes obtengan respeto solamente a punta de miedo, a punta de amenazas”, expuso en el plenario.
Aranguren acusó a la bancada oficialista de estar “desesperada” por retirar su inmunidad para obtener, por medio de su suplente, al diputado 99 para poder aprobar a Maduro la ley habilitante.
Esta sanción a la legisladora busca “entregarle en bandeja de plata el voto 99” a Maduro para “resolver entre comillas los problemas del pueblo”, afirmó el legislador opositor Jesús Domínguez.
Pero el chavista Pedro Carreño, quien encabezó la investigación parlamentaria por este caso, afirmó que la diputada “tiene responsabilidad directa” en la asignación “irregular” de unos $4,6 millones para varias obras a empresarios cuando ejerció cargos públicos en el estado de Monagas (noreste).
La oposición ha denunciado “presiones” del Gobierno para aprobar la solicitud de “superpoderes” de Maduro, quien asegura que usará el mecanismo para impulsar su cruzada anticorrupción y combatir una supuesta “guerra económica” contra su gobierno.
En declaraciones a la prensa ayer, el líder opositor, Henrique Capriles, había anticipado que lo que se vería en la Asamblea sería “un fraude a los venezolanos. Así no se discuten las leyes del país”.
Inflación candente. El trámite legislativo coincide con un recalentamiento de la inflación , que ya supera el 54% anual, y mientras Venezuela se prepara para las elecciones municipales del 8 de diciembre, consideradas como una prueba para Maduro, quien asumió en abril tras ganar ajustadamente ante Capriles elecciones anticipadas luego de la muerte de Hugo Chávez.
Maduro insiste, desde hace semanas, en la necesidad de obtener los “superpoderes” para una serie de medidas, entre las cuales ahora incluyó márgenes máximos a las ganancias de los empresarios y endurecer las sanciones contra los especuladores.
El Gobierno lanzó estos días una campaña de fiscalización de precios, que incluye r ebajas compulsivas en los casos que se considere que hubo alzas irregulares.
Desde el fin de semana, miles se agolpan a diario en tiendas de electrodomésticos , custodiadas por militares, para aprovechar las rebajas ordenadas por el Gobierno.
