Escuchar
México. AP, EFE y AFP. Expertos de la CIDH que investigan la desaparición de 43 jóvenes, denunciaron el jueves la posible pérdida de pruebas, en cuenta videos, a la vez que dieron a conocer que el Gobierno no les permitió entrevistar a militares asentados en el municipio de Iguala, donde ocurrió el hecho.
“Tenemos una especial preocupación por la pérdida de pruebas en el caso”, expresó la exfiscala guatemalteca Claudia Paz en una rueda de prensa ofrecida tras la quinta visita de la misión interdisciplinaria al país.
Personal del palacio de Justicia del municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, aseguró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que había videos tomados desde el edificio en los que se observaba la detención de “entre 10 y 16” estudiantes por parte de la Policía la noche del 26 de setiembre del 2014, detalló.
Ese día, 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron a manos de autoridades corruptas y miembros del cartel Guerreros Unidos , quienes los asesinaron e incineraron en un municipio vecino , según la versión oficial, que los padres rechazan.
La CIDH solicitó esa prueba por medio de la Procuraduría General de la República (PGR) , pero “parece que tales registros videográficos fueron destruidos” , declaró Paz.
Barreras al trabajo. Asimismo, el grupo criticó la postura gubernamental de permitir, únicamente por escrito y dentro del proceso penal, la entrevista a 26 militares del Batallón 27, con sede en Iguala, supuestos testigos del ataque a los estudiantes.
La misión aceptó, en un primer momento, hacerlo como parte del proceso penal, siempre que pudieran sugerir preguntas durante el encuentro, como ya lo hicieron cuando se tomó la declaración de varios alumnos de la Normal.
Sin embargo, el 16 de agosto recibió una respuesta definitiva, donde se les obligaba a formular las demandas por escrito y a no participar en la comparecencia, lo que ellos rechazaron.
“No vamos a entregarles el cuestionario. Esto significa que no tendremos control de cómo ni qué se responde, ni la posibilidad de precisar puntos claves durante la declaración”, manifestó el chileno Francisco Cox, miembro del panel de la CIDH.
Además, los expertos denunciaron la ocultación de evidencias de ropa de los normalistas a sus familiares.
El 29 de junio, el grupo interdisciplinario encontró en el expediente del 27 de setiembre, que se había recogido y resguardado ropa de los desaparecidos hallada en dos autobuses que los estudiantes iban a utilizar para asistir a una marcha en la Ciudad de México a principios de octubre.
Las nuevas evidencias fueron enviadas a un laboratorio de la Universidad de Innsbruck, Austria, y a un grupo de forenses independientes que colaboran con el Gobierno para el análisis de las pruebas, principalmente en la búsqueda de ADN.
En próximos días, padres de los jóvenes podrán revisar la ropa y comprobar si pertenecía a sus hijos, señaló la abogada colombiana Ángela Buitrago.
El grupo tiene planeado presentar el 6 de setiembre su reporte final, en el cual detallará los hallazgos y el análisis del trabajo que las autoridades han hecho para esclarecer el asunto.
Los expertos solicitaron al Gobierno ampliar su mandato, respuesta que aún está pendiente.
