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Un nuevo intento de diálogo, entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición, inició este lunes en Nicaragua a la espera de que el mandatario atienda las demandas y finalice la represión contra manifestantes, que suma más de 200 muertos.
El punto central a discutir será el adelanto de elecciones del 2021 al 2019, propuesta principal de la Conferencia Episcopal y la Asociación Cívica por la Justicia y la Democracia.
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Estas son las claves sobre este nuevo intento por estabilizar la delicada situación en Nicaragua.
¿Cómo pasó?
La búsqueda del diálogo inició hace un mes y ha fracasado, principalmente, por el rechazo del Gobierno al adelanto de elecciones.
“La agenda que se presentó busca desmontar el Estado constitucional legítimamente electo, ese es el objetivo de esa agenda. Es una ruta para un golpe de Estado, para derrocar al Gobierno”, dijo al inicio de las conversaciones el canciller Denis Moncada.
El último acercamiento se derrumbó, hace una semana, porque el Gobierno no había solicitado la verificación de la situación de derechos humanos por parte de organismos internacionales.
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Posteriormente, Ortega accedió a que fueran parte del diálogo dos técnicos de la CIDH y funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Las nuevas reuniones iniciaron este lunes en el seminario interdiocesano en Managua.
¿Por qué importa?
Las negociaciones podrían dar una salida pacífica a un conflicto que inició hace dos meses y que sigue escalando.
La última jornada de violencia dejó ocho muertos, incluido un bebé de 14 meses.
“Espero justicia; sé que no se va a dar, pero la justicia de Dios llegará tarde o temprano”, dijo a AFP Karina Navarrete, la madre del niño asesinado de un disparo en la cabeza.
El descontento social no cesa y la presión internacional contra Ortega se incrementó tras el informe presentado el viernes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sobre la represión policial, el informe da cuenta de 212 muertos, 1.300 heridos y más de 500 detenidos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recomendó el adelanto de elecciones.
¿Quiénes están involucrados?
La posición del gobierno nicaragüense ante la propuesta de adelantar elecciones determinará el éxito de estas nuevas reuniones. De momento, el canciller Moncada solamente adelantó que estaban abiertos a discutir el tema.
La Iglesia católica sigue teniendo un papel protagónico en la búsqueda del diálogo. En las misas los sacerdotes han pedido el cese de la violencia.
“No podemos hacer nada que no esté basado en la Constitución. Si queremos hacer algo bueno, tenemos que hacerlo despacio, pero teniendo una meta”, declaró el cardenal Leopoldo Brenes.
La Asociación Cívica, por su parte, apuntará a la realización de elecciones lo más pronto posible.
“Se van a presentar distintas alternativas y se ha visto el tema del adelanto de las elecciones. Siempre se contemplan períodos para la inscripción de partidos, períodos para campañas electorales, entre otros aspectos, pero se conocerá una propuesta sobre alternativas para reducir en lo más posible el tiempo para adelantar elecciones”, indicó a El Nuevo Diario el representante civil Carlos Tünnermann.
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La presión de la comunidad internacional por medio de la OEA y la ONU también juega un papel fundamental, aunque Moncada calificó el informe de la CIDH de “subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado”.
El contexto
Ortega llegó al poder en 1979 como uno de los comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lideró la insurrección popular para derrocar al dictador Anastasio Somoza.
En 1990 fue desalojado en una elección anticipada, como la que pide hoy la oposición. Luego de 16 años llegó de nuevo al poder por la vía electoral en 2007.
La crisis actual se hizo presente tras las reformas al debilitado Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, anunciadas el 18 de abril. Las protestas tomaron la calles y se transformaron en muestras de descontento y demandas por la salida del presidente Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
¿Qué sigue?
La Conferencia Episcopal aún espera la respuesta de Ortega a la posibilidad de realizar elecciones el próximo año.
“Es imprescindible (...) que (el gobierno) nos comunique oficial y formalmente su aceptación a la propuesta que, recogiendo los sentimientos de la inmensa mayoría de los nicaragüenses, le presentamos el 7 de junio”, subrayaron los obispos en un comunicado.
Ortega, cuyo mandato —el tercero consecutivo— concluye en enero de 2022, pidió tiempo para reflexionar.
Mientras, se espera que el inicio de las reuniones tranquilice de momento la situación de violencia que viven muchas ciudades de Nicaragua.
