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Madrid. Nueve líderes independentistas catalanes fueron condenados este lunes a penas de entre 9 y 13 años por el fracasado intento de secesión del 2017, sentencia que detonó inmediatas protestas de repudio con miles de participantes en las calles de Barcelona, que cortaron avenidas y marcharon al aeropuerto.
En la sentencia del Tribunal Supremo, el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras recibió 13 años de prisión por sedición y malversación, la más dura de las penas contra los 12 separatistas procesados de febrero a junio por el máximo tribunal en Madrid.
Otros ocho independentistas, en algunos casos encarcelados desde hace casi dos años, recibieron penas de 9 a 12 años de prisión por sedición, y algunos por malversación. Entre los condenados figura la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, sentenciada a 11 años y medio.
Después del anuncio de la sentencia del Tribunal Supremo, que relanzó la tensión en Cataluña donde el separatismo tiene la escena política y social en ebullición desde hace una década, los manifestantes cortaron varias vías de la capital catalana.
Miles de personas se congregaron en la céntrica plaza de Cataluña al grito de “las calles siempre serán nuestras”, constató un periodista de la AFP.
Una nueva plataforma independentista, el Tsunami Democrático, llamó a causar el colapso del aeropuerto de Barcelona para “internacionalizar la respuesta ciudadana”.
“Ahora solo nos queda la vía de la desobediencia civil e institucional. Esto va para largo”, manifestó Juli Cuéllar, un funcionario de 44 años.
“Movilizaciones pacíficas, pero determinadas, que tengan un impacto. Cerrar aeropuertos, estaciones, pero siempre evitando la violencia”, expresó Joan Guich, un estudiante de 19 años
Alboroto político
Más allá de la reacción en la rica región nororiental de 7,5 millones de habitantes fuertemente divididos en cuanto a la independencia, la sentencia devolvió la cuestión catalana al centro del debate político, a pocas semanas de las elecciones legislativas del 10 de noviembre.
Paralelamente, poco después de conocerse el fallo, un juez español emitió una nueva orden internacional de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, radicado en Bélgica.
El Tribunal Supremo indicó en un comunicado que el magistrado Pablo Llarena, quien retiró anteriormente una orden similar contra Puigdemont --pero por el delito de rebelión que no logró hacer aplicar por otros países europeos--, lanzó ahora el pedido “por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos”.
Los jueces descartaron la acusación de rebelión elevada por la Fiscalía, que había solicitado 25 años de prisión contra Junqueras, líder del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), principal acusado en este juicio histórico en ausencia de Carles Puigdemont.
Junqueras aprovechó el fallo para llamar a la movilización, en una carta publicada en la web de su partido: "Volveremos, y volveremos más fuertes (...) no tengáis ninguna duda, volveremos y ganaremos".
Además de Junqueras y Forcadell fueron condenados el expresidente y presidente de las influyentes asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (9 años para cada uno), y cinco antiguos ministros regionales.
Los tres restantes son exmiembros del gobierno de Puigdemont, que estaban en libertad condicional y fueron condenados cada uno a una multa de 60.000 euros por el delito de desobediencia.
Los 12 fueron juzgados por haber organizado el 1.° de octubre del 2017 un referendo de autodeterminación ilegal -marcado por imágenes de violencia policial que dieron la vuelta al mundo-, y la proclamación el 27 de ese mes en el Parlamento regional de una “República catalana” que nunca se materializó.
Los hechos alrededor de la fallida secesión significaron la peor crisis política en España desde el fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975.
El juicio tuvo como epicentro la cuestión de si hubo o no violencia, una noción que sustentaba el cargo de rebelión presentado por la Fiscalía contra nueve de los acusados.
En su sentencia, el Tribunal Supremo dio por “probada la existencia de violencia”. Sin embargo, esta careció de “funcionalidad”, y “el Estado mantuvo en todo momento el control de la fuerza, militar, policial, jurisdiccional e incluso social”, lo que convirtió el propósito independentista “en una mera quimera”.
Desobediencia civil
“Hoy han sido condenados a entre 9 y 13 años de prisión, 100 años en conjunto, unas personas que siempre actuaron con sentido absolutamente democrático y escrupulosamente pacífico”, dijo el presidente regional catalán, el separatista Quim Torra.
El separatismo, que controla el gobierno regional, había hecho causa común en días pasados al llamar a la "desobediencia civil" en caso de condena del Supremo.
“Si dejamos de lado los extremismos podemos iniciar una etapa nueva en la que la vuelta a la concordia sea uno de los principales pilares de Cataluña”, replicó el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, quien afirmó abogar por el “diálogo” para salir de esta larga crisis política.
De todas maneras, Sánchez previno en días anteriores que no dudaría en tomar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad en Cataluña, incluso la suspensión de la autonomía regional, como ya ocurrió en 2017 después de la fallida secesión.
