Escuchar
Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó “firmemente” este miércoles la represión en Birmania, donde cientos de policías y soldados lanzaron una redada en Rangún contra trabajadores ferroviarios en huelga y opuestos a la junta militar golpista.
La declaración, adoptada por sus 15 miembros, entre ellos China y Rusia, critica a los militares de una manera sin precedentes y les pide la “mayor moderación”, aunque no menciona la palabra “golpe” ni posibles sanciones.
El Consejo de Seguridad, que "condena firmemente la violencia contra manifestantes pacíficos, entre ellos mujeres, jóvenes y niños", pide a las partes "buscar una solución pacífica", según el texto al que accedió la AFP.
LEA MÁS: Opositores al régimen militar de Birmania vuelven a protestar pese a represión
El documento redactado por Reino Unido, antigua potencia colonial, pide también “la inmediata liberación de todos los detenidos arbitrariamente” desde el 1.° de febrero, cuando los generales derrocaron el gobierno civil de Aung San Suu Kyi.
Aprovechando la división hasta ahora de la comunidad internacional, que se enfrentaba a los vetos de Moscú y Pekín, aliados tradicionales de la junta militar, los generales mantuvieron la represión.
Cientos de policías y vehículos militares se desplegaron el miércoles alrededor del recinto donde reside el personal ferroviario de la estación Ma Hlwa Gone, en el este de la capital económica, Rangún.
“Bloquean las puertas (de los apartamentos) y las destrozan para entrar”, contó una familiar de un trabajador ferroviario que pidió el anonimato por miedo a represalias.
Según la mujer, quien expresó su inquietud “por los trabajadores” y sus familias, unos 800 empleados participaban en el movimiento de desobediencia civil en esta estación.
Huelga contra el golpe
Médicos, profesores, empleados de compañías eléctricas y ferroviarias y muchos funcionarios dejaron de trabajar desde el golpe de Estado.
Los principales sindicatos llamaron a "la paralización total de la economía" para aumentar la presión sobre los militares.
La junta ordenó a los funcionarios que regresen a trabajar, si no quieren ser despedidos y exponerse a represalias.
El miércoles, una fuerte presencia policial y militar era visible en Rangún, donde se prendió fuego a barricadas improvisadas por los manifestantes.
En el barrio de Okkalapa se practicó un “centenar de detenciones”, según un socorrista. “Algunos manifestantes fueron golpeados, hay heridos”, agregó.
“Llamamos a las fuerzas de seguridad a retirarse de la zona, a liberar a los detenidos y a permitir a la gente irse con seguridad”, tuiteó la embajada de Estados Unidos, la cual informó de que había jóvenes rodeados en esa zona de Rangún.
La junta parece más decidida que nunca a imponerse, con redadas en edificios residenciales, hospitales y universidades, detenciones masivas y empleo de fuerza letal.
Al menos 60 civiles han muerto y casi 2.000 personas han sido detenidas desde el 1.° de febrero, según la Asociación para la Asistencia a los Presos Políticos.
Los militares también han hecho redadas contra medios independientes y les han retirado licencias de operación. Una veintena de periodistas están detenidos.
El Ejército niega estar implicado en la muerte de manifestantes y justifica su golpe en un eventual fraude en las elecciones legislativas de noviembre que ganó el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND).
Los diputados que no reconozcan la legitimidad de la junta se convierten en culpables de "alta traición", un delito castigado con la pena de muerte o con 22 años de detención, advirtieron los militares.
Dos responsables de la LND murieron en detención en los últimos días.
En este contexto, al menos 136 birmanos se refugiaron en India desde el golpe y decenas más esperan en la frontera poder hacerlo, anunciaron las autoridades indias.
El golpe generó condenas y sanciones de Washington y la Unión Europea (UE), pero, a contracorriente, Sri Lanka invitó al nuevo canciller birmano para hablar de cooperación económica.
