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Un hombre empuja un coche con un bebé cerca de una barricada en la ciudad de Masaya, Nicaragua, el 20 de junio del 2018. (INTI OCON/AFP)
Managua. El Gobierno y la oposición de Nicaragua, que reclama la salida del presidente Daniel Ortega, vuelven este lunes a la mesa de negociación en medio de un recrudecimiento de la violencia, que ha dejado unos 200 muertos en dos meses de protestas.
La Iglesia, mediadora del proceso, citó a los delegados del Gobierno y de la Asociación Cívica por la Justicia y la Democracia, que reúne a grupos de la sociedad civil, para las 10 a. m. (hora local), con la meta de discutir la propuesta de adelantar las elecciones del 2021 a marzo del 2019.
“Tenemos que tener una ruta, un punto de referencia. Si en el tema de democratización se piensa de elecciones (...) que el señor presidente nos diga si está de acuerdo”, declaró el cardenal Leopoldo Brenes, quien participa personalmente en las conversaciones
La propuesta fue planteada por la jerarquía católica el pasado 7 de junio en la mesa de diálogo, pero Ortega, cuyo mandato –el tercero consecutivo– concluye en enero del 2022, pidió tiempo para reflexionar y aún no se pronuncia sobre esa petición.
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Ahora la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) cree “imprescindible” –advirtió en un comunicado–, que el Gobierno “comunique oficial y formalmente su aceptación” a la demanda que, dice, refleja el “sentimiento popular”.
La reunión se realizará en un seminario en Managua, tras violentas incursiones, el fin de semana, de fuerzas policiales y paramilitares en una universidad donde están atrincherados estudiantes, barrios de la capital y de otras ciudades, que dejaron ocho muertos.
Las protestas iniciaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, pero tras las muertes de jóvenes en las marchas, se ampliaron para exigir la renuncia de Ortega, un exguerrillero de 72 años a quien acusan de forjar, con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, una dictadura.
“Ya la lucha de nosotros es todo. Vamos por el cambio de gobierno. Se tienen que ir (Ortega y Murillo) porque el pueblo no los quiere”, dijo a AFP un estudiante de 25 años, con pañuelo en el rostro, en una barricada en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).
Hasta ahora Ortega solo se ha dicho dispuesto a trabajar por la democratización del país, como sería la separación de los poderes del Estado, actualmente controlados por el gobierno, principalmente el Consejo Supremo Electoral.
Esas reformas las había conversado con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien en un principio fue señalado de blando con Ortega y ha venido endureciendo su posición.
“Para la Alianza Cívica Nacional los acuerdos electorales entre gobierno y la OEA ya no son vigentes. Ortega debe decir si acepta el adelanto de elecciones”, dijo la noche del domingo Carlos Tünnermann, prestigioso académico que participa en el diálogo.
La presión contra Ortega aumentó con el informe que el viernes presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el Consejo Permanente de la OEA, el cual denunció la “represión estatal” y consigna 212 muertos, más de 1.300 heridos y unos 500 detenidos en dos meses.
Durante esa sesión, una decena de gobiernos (Estados Unidos, Canadá, México y otros) pidieron que “cese la represión”, y Almagro recomendó un adelanto de elecciones a marzo como mínimo o en máximo 14 meses.
El diálogo ha sido suspendido tres veces, la última hace una semana porque el gobierno no había invitado a organismos internacionales para verificar la situación de derechos humanos, pero luego accedió.
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El domingo llegaron a Managua técnicos de la CIDH y el martes lo harán funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos.
El Gobierno rechaza los señalamientos de uso excesivo de la fuerza contra las protestas y de violación de derechos humanos, pero, en la negociación, ha aceptado la llegada de esas comisiones.
Ortega llegó al poder en 1979 como uno de los comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lideró la insurrección popular para derrocar al dictador Anastasio Somoza.
En 1990 fue desalojado en una elección anticipada, como la que le piden hoy. Luego de 16 años en la oposición, llegó de nuevo al poder por la vía electoral en el 2007.
