Escuchar
Madrid. El diario venezolano El Nacional acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para lograr la restitución de su sede en Caracas, embargada como parte de una indemnización por una demanda interpuesta por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello.
Así lo dio a conocer el bufete de abogados Cremades y Calvo Sotelo, que representa al presidente y director de El Nacional, Miguel Henrique Otero, en España, despacho que sostiene la necesidad de acudir a instancias internacionales para recuperar la sede del periódico porque en Venezuela “la ley es papel mojado”.
El presidente y fundador de Cremades y Calvo Sotelo, Javier Cremades, detalló que las acciones legales que se presentarán ante la CIDH se amparan en la Convención Americana de Derechos Humanos y especificó que las líneas que se seguirán en el caso se centran en la protección de los artículos 13, 21, 8 y 25, las cuales garantizan el derecho a la libertad de expresión, a la propiedad y a las garantías procesales.
LEA MÁS: Tribunal de Venezuela embarga sede del diario ‘El Nacional’
Cremades, que se ha mostrado “convencido” de que el caso terminará con “una condena del régimen”, afirmó en conferencia de prensa que en Venezuela se da una “lucha dramática” en la que no hay “imperio de la ley”.
“Los límites no existen desde hace muchos años en Venezuela”, lamentó, antes de recordar que una democracia sin libertad de expresión y sin periodismo profesional “no es concebible”.
De forma paralela, defendió que El Nacional “no es un medio cualquiera”, sino que es “una institución” que “galvaniza la sociedad y marca un rumbo y agenda de valores cívicos y sociales”.
El Nacional no se detiene. Dadas las circunstancias somos una página web y eso lo podremos seguir haciendo desde cualquier parte del mundo mientras llevamos adelante este caso. @ElNacionalWeb pic.twitter.com/tExlzYm7uk
— Miguel H Otero (@miguelhotero) May 26, 2021
“Todo eso se está atacando” agregó, a la vez que destacó que pretenden una “sentencia condenatoria que incluya la restitución del bien (la sede)”.
Las acciones internacionales en el caso de El Nacional no acabarán en la CIDH. Además, según explicó el socio de Cremades y Calvo Sotelo Juan Carlos Gutiérrez, acudirán a Naciones Unidas y al Tribunal Penal Internacional (TPI), aunque de estas acciones no se espera una condena al gobierno de Nicolás Maduro.
En concreto, en Naciones Unidas se pretende que la Oficina de Derechos Humanos, emita una “comunicación” o una “declaración” sobre el caso de El Nacional. En el caso del TPI, los afectados buscan “añadir información” a ciertos procesos que ya están en curso en el tribunal.
El abogado también aludió a las “responsabilidades individuales” que pueden derivarse del embargo de la sede de El Nacional, concretado el 15 de mayo, y a la necesidad de que los implicados “rindan cuentas”.
En este contexto, calificó el embargo de “acto indiscutible de persecución” y un “envite al derecho a la libertad de expresión en Venezuela”, que “forma parte de un patrón sistemático” en el país caribeño, “particularmente desde la asunción de Maduro” como presidente.
La Justicia venezolana embargó la sede del diario El Nacional para cubrir parte de una indemnización por una demanda interpuesta contra el medio por Cabello por daño moral.
Cabello demandó al periódico en agosto del 2015 por difamación, después de que el medio dirigido por Otero se hiciera eco de una noticia publicada en el diario español ABC que le vinculaba con una investigación por narcotráfico.
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictó una sentencia el pasado 16 de abril contra El Nacional en la condenaba al medio a pagar a Cabello por daños morales 237.000 petros, lo que equivale a $13 millones.
Resistencia
Otero, quien estuvo presente en la conferencia de prensa, defendido que el diario no difamó a Cabello y que la noticia en cuestión apareció en más medios de comunicación. De esta forma, vinculó lo ocurrido con la “política del Estado” venezolano contra los medios de comunicación y la libertad de expresión.
En este contexto, señaló que el proceso, desde el inicio, ha estado “plagado de irregularidades”. “La sede está tomada, invadida por la Guardia Nacional”, manifestó.
Asimismo, reveló que la sede está valorada en $40 millones, lo que cubre de sobra la indemnización a Cabello. Sin embargo censurṕ que, en su programa Con el mazo dando, el número dos de chavismo aseguró que “no le satisface” lo que cuesta el edificio que alberga la sede.
“En Venezuela la justicia no existe y estos instrumentos judiciales pasan todas las irregularidades y Diosdado da las órdenes”, agregó, remarcando que defender El Nacional es “defender la libertad de expresión y la democracia”.
“Vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir informando sin cortapisas y diciendo la verdad. No vamos a ceder en la defensa de la libertad de expresión”, garantizó.
Del mismo modo, Otero responsabilizó a Cabello, Maduro y al gobierno de Venezuela si algo le ocurre al abogado que lleva la causa en Venezuela o a su hijo, Jorge —”el más vulnerable”, dijo--, que es el gerente de El Nacional y reside en el país suramericano.
