Quito
La Corte Nacional de Justicia de Ecuador iniciará este lunes el primer juicio en el país andino por crímenes de lesa humanidad, en el que cinco acusados se sentarán en el banquillo por supuestos delitos cometidos entre 1985 y 1988.
En el llamado caso “Vaca, Cajas, Jarrín”, están procesados 5 exmilitares (generales y coroneles) y un general de Policía en servicio pasivo, quienes habrían pertenecido “a una estructura de represión estatal que, en forma sistemática y generalizada, cometió crímenes contra la humanidad”, dijo la Fiscalía General del Estado.
Las víctimas son Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín integrantes del grupo "Alfaro Vive ¡Carajo!", cuyos derechos humanos fueron violentados entre 1985 y 1988, durante el gobierno del presidente León Febres-Cordero, indicó el Ministerio Público.
Las víctimas fueron detenidas el 10 de noviembre de 1985 en Esmeraldas, en el noroeste del país, por militares que les pidieron sus identificaciones y, sin orden judicial, llevados al cuartel Batallón Montúfar y después al Batallón de Inteligencia Militar (BIM), ubicado en Conocoto, provincia de Pichincha. Cajas y Jarrín estuvieron arrestados durante quince días, tiempo en el cual sufrieron torturas físicas, psicológicas y sexuales, antes de ser liberados, según el expediente fiscal. Luis Vaca continuó plagiado y en situación de desaparición forzada durante tres años e, incluso, eliminaron sus datos de filiación del Registro Civil. Él fue liberado a mediados de 1988. Los crímenes de lesa humanidad que se indagan en este caso son detención ilegal, violencia sexual, tortura y desaparición forzada.
Para el juicio han sido convocados 69 testigos y se presentarán 11 peritajes y más de 70 documentos. En este caso se convocó a juicio a ocho personas, de las cuales tres están prófugas (uno de ellos en Estados Unidos) y no se les puede juzgar en ausencia, precisaron autoridades ecuatorianas.
La Fiscalía General del Estado ha señalado que lleva a juicio el primer caso por delitos contra la humanidad, "en cumplimento de su compromiso jurídico con la sociedad ecuatoriana de investigar y llevar ante los jueces estos hechos sucedidos en Ecuador. Judicializar crímenes contra la humanidad es una tarea pendiente en el Ecuador. No significa perseguir políticamente", aseveró el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga.
"Ecuador es gobernado bajo un sistema constitucional de justicia y de derechos, entonces es obligación nacional e internacional de la Fiscalía incluir en sus investigaciones las causas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos", destacó el jerarca.