EscucharWashington. Estados Unidos y sus aliados occidentales acusaron a los talibanes de “ejecuciones sumarias” de las exfuerzas de seguridad afganas, reveladas por organizaciones de derechos humanos. ”Estamos profundamente preocupados por los informes sobre ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas de exmiembros de las fuerzas de seguridad afganas, documentadas por Human Rights Watch y otros”, se lee en una declaración de Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Australia, Gran Bretaña y Japón, entre otros, publicada por el Departamento de Estado estadounidense.
Los países afirmaron que los abusos de derechos “contradicen” la amnistía hacia las anteriores fuerzas de seguridad que habían anunciado los talibanes tras tomar el poder en Afganistán en agosto, cuando el gobierno de Kabul, respaldado por Estados Unidos y el ejército del país se derrumbaron.
"Subrayamos que las supuestas acciones constituyen graves abusos a los derechos humanos y contradicen el anuncio de amnistía de los talibanes", declaró el grupo de naciones, llamando a los nuevos gobernantes de Afganistán a garantizar que la amnistía se haga cumplir y sea "ratificada a lo largo del país y en todas sus filas".
Los talibanes rechazaron de plano estas acusaciones. “Esta información no se apoya en ninguna prueba. Por lo tanto, la rechazamos”, indicó el portavoz del Ministerio del Interior del gobierno talibán, Qari Sayed Khosti, en un video enviado a la prensa. “Hubo casos de asesinatos de exmiembros de las fuerzas de seguridad” del gobierno derrocado durante el verano boreal pasado, “pero a causa de rivalidades o enemistades personales”, añadió.
“Si disponen de documentos y pruebas, deberían mostrárnoslos”, añadió dirigiéndoses a los occidentales, considerando “injusto” acusar a los talibanes de estos asesinatos. Khosti subrayó que tras su regreso al poder los talibanes decretaron una amnistía general para todas las fuerzas de seguridad del régimen anterior.
Muchos de ellos “viven tranquilamente” en el país gracias a esta amnistía, a pesar de que “mataron a centenares de combatientes (talibanes) y civiles” durante dos décadas de guerra, aseveró.
A comienzos de esta semana, Human Rights Watch publicó un informe que documenta la ejecución sumaria o desaparición forzada de 47 exmiembros de la Fuerza Nacional Afgana de Seguridad (ANSF), otro personal militar, policías y agentes de inteligencia "que se habían rendido o que habían sido aprehendidos por las fuerzas talibanas" desde mediados de agosto hasta octubre.
"Los casos reportados deben ser investigados prontamente y de una forma transparente, los responsables deben rendir cuentas y estos pasos deben ser publicitados claramente como un elemento disuasorio inmediato de futuros asesinatos y desapariciones", establecieron en el comunicado los países, donde figuran Canadá, Nueva Zelanda, Rumania, Ucrania y varias naciones europeas.
“Continuaremos midiendo a los talibanes por sus acciones”, apuntaron.
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Buscando respetabilidad
Los talibanes tomaron el poder en Afganistán en agosto cuando colapsó el gobierno, que tenía el respaldo de Estados Unidos. Su vuelta se dio unos 20 años después de que fuesen expulsados por fuerzas estadounidenses, que habían acabado con un mandato fundamentalista despreciado por su trato brutal a las mujeres, su incapacidad para defender los derechos humanos y su dura interpretación del Islam.
Los líderes talibanes actuales, ávidos por ganar respetabilidad internacional, han prometido que su régimen será diferente, pero el nuevo gobierno sigue llevando adelante castigos violentos y Naciones Unidas ha expresado preocupación sobre “acusaciones creíbles” de que los talibanes han ejecutado asesinatos de represalia desde su victoria, pese a las promesas de amnistía para las tropas del gobierno caído.
En su informe, HRW indicó que los líderes talibanes habían ordenado a las fuerzas de seguridad que se rindieron a registrarse con las autoridades, con el fin de verificar sus vínculos con ciertas unidades militares o fuerzas especiales y así recibir una carta garantizando su seguridad. “Sin embargo, los talibanes han usado esas verificaciones para detener y, en resumen, ejecutar o desaparecer forzosamente a individuos a días de su registro, dejando sus cuerpos para que familiares o comunidades los encuentren”, explicó la organización.
Washington sostuvo conversaciones con oficiales talibanes a comienzos de esta semana, cuando urgió al grupo islamista de línea dura a dar acceso a la educación a mujeres y niñas en todo el país. Se trató de la segunda ronda de discusiones, que tuvo lugar en Doha, desde que las fuerzas estadounidenses salieron de Afganistán.
También “expresó su profunda preocupación en relación con alegaciones de abusos a los derechos humanos”, indicó un portavoz estadounidense.
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