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Londres. El gobierno estadounidense obtuvo este viernes una importante victoria en su intento por extraditar a Julian Assange, encarcelado en Londres desde su detención en el 2019 en la embajada de Ecuador, al anular una corte de apelaciones inglesa la decisión previa de no entregarlo.
Washington quiere juzgar al fundador de la web de filtraciones WikiLeaks por la publicación a partir del 2010 de unos 700.000 documentos diplomáticos y militares secretos, relacionados principalmente con las guerras dirigidas por Estados Unidos en Afganistán e Irak.
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En primera instancia, la jueza Vanessa Baraitser bloqueó la extradición en enero, al considerar que Assange, de frágil salud mental, podía cometer suicidio si era entregado al sistema judicial de Estados Unidos. Sin embargo, los abogados de Washington apelaron la decisión y en octubre argumentaron que Baraitser no había dado suficiente importancia a otros testimonios de expertos sobre su estado psicológico.
Asimismo, garantizaron que no se mantendría al australiano, de 50 años, en aislamiento punitivo en una prisión federal de máxima seguridad, y que recibiría un tratamiento médico adecuado. Este viernes, el tribunal de apelaciones de Londres les dio la razón, anulando la sentencia previa, por considerar que “Estados Unidos ha proporcionado ahora al Reino Unido un paquete de garantías” y subrayando que Washington accedería a trasladarlo a Australia si es condenado.
Ordenó así que, sin más exámenes, el caso sea enviado al ministerio del Interior, quien tiene la última palabra sobre toda extradición. Sin embargo, esta larga batalla legal no terminará aquí: los abogados de Assange anunciaron que apelarán al Tribunal Supremo británico y a cortes internacionales si es necesario.
“Agotaremos todos los recursos nacionales e internacionales para defender a quien no ha cometido delito alguno y ha resistido heroicamente y con coraje durante más de once años la persecución por defender la libertad de expresión y acceso a la información”, aseguró el exjuez español Baltasar Garzón, coordinador internacional de la defensa de Assange.
A la salida del tribunal, su prometida, la abogada sudafricana Stella Moris, denunció el “cinismo” de “tener a uno de los principales periodistas de los últimos 50 años en una cárcel británica acusado de publicar la verdad sobre crímenes de guerra, sobre los asesinatos de la CIA”.
La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional puso en duda las garantías de Washington, calificándolas de “intrínsecamente poco fiables”. Y Reporteros Sin Fronteras “condenó” una decisión con “peligrosas implicaciones para el futuro (...) de la libertad de prensa en el mundo”.
En un contexto de creciente tensión diplomática con Occidente, el gobierno ruso tildó la decisión británica de “vergonzosa”.
Hasta 175 años de cárcel
El caso de Assange se ha convertido en causa para los defensores de la libertad de expresión, para quienes WikiLeaks tiene los mismos derechos que otros medios a publicar material secreto, si es de interés público. Pero el gobierno estadounidense, que lo ha acusado de 18 cargos que incluyen espionaje, afirma que Assange no es periodista sino pirata informático y la divulgación de documentos sin editar puso en peligro la vida de sus informantes.
Si es extraditado, podría ser condenado a un máximo de 175 años, aunque la sentencia exacta es difícil de calcular. Como en vistas previas, seguidores de Assange se manifestaron ante las puertas del tribunal agitando pancartas que exigían su liberación inmediata.
El australiano lleva recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, cerca de Londres, desde que en abril del 2019 fue detenido por sorpresa dentro de la embajada ecuatoriana después que el entonces presidente Lenín Moreno le retirase el asilo concedido por su predecesor Rafael Correa.
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Primero fue en cumplimiento de una condena británica por haber incumplido las condiciones de su libertad condicional al refugiarse en la legación para evitar ser extraditado a Suecia, donde se enfrentaba a acusaciones de agresión sexual abandonadas desde entonces. El australiano afirmaba temer ser enviado desde allí a Estados Unidos.
Después, fue mantenido en prisión preventiva mientras se decide su extradición, dado que la juez consideró que podría volver a intentar escapar si era excarcelado.
Durante los siete años que vivió en una habitación de la embajada ecuatoriana tuvo en secreto dos hijos con Morris, miembro de su equipo jurídico y próximamente su esposa. El mes pasado, las autoridades penitenciarias británicas autorizaron a la pareja a casarse en Belmarsh.
