EscucharMéxico D. F. AFP. Empezó a trabajar a los siete años vendiendo periódicos, limpió parabrisas, fue malabarista y ahora, a los 37, Alfredo Barrueta vende flores en la calle sin haber cotizado ni pagado impuestos, la misma realidad de seis de cada 10 empleados en México que el gobierno quiere regularizar.
Alfredo trabaja de sol a sol en una esquina del acomodado barrio capitalino de Polanco, donde en sencillos cubos instala sus ramos de rosas y los ofrece a los conductores ganando, a veces, los 50 pesos (4 dólares) justos para el transporte y comida del día.
Mensualmente suele reunir “más arribita” del salario mínimo (unos 140 dólares), eso sí, sin estar protegido por seguro médico ni ninguna prestación social.
“Si nos llegan a atropellar o a pasar algo, no tenemos ningún seguro”, dice este padre de cuatro hijos mientras lava las rosas al recordar cómo años atrás un coche le arrolló y le fracturó la pierna, sin que tuviera dinero para ir al médico.
En condiciones precarias, taqueros, vendedores de ropa, comida y artículos electrónicos, aparcacoches o lustradores de zapatos se multiplican hasta alcanzar los 30 millones de adultos y menores en las calles de México, la segunda economía de América Latina y uno de los países con más empleo informal de la región, con una tasa reconocida por el gobierno del 60%.
Reforma. “La informalidad es, en sí misma, enemiga del trabajador y su familia (...), es una salida falsa. Es cierto, libera presiones de empleo en el muy corto plazo, pero genera enormes pasivos sociales colectivos”, ha manifestado el presidente Enrique Peña Nieto.
Con el objetivo de legalizar parte de este mayoritario sector, el mandatario incluyó un nuevo “régimen de incorporación fiscal” en su controvertida reforma fiscal aprobada en octubre, con el objetivo de aumentar la recaudación y destinarla también a la creación de un sistema de seguridad social y a una mayor cobertura del desempleo y jubilación.
Este nuevo régimen invita a los informales a empezar a pagar el impuesto de la renta de forma paulatina –el primer año con total gratuidad y con reducciones de la tasa hasta que en el décimo año ya paguen por completo su impuesto (calculando que por un salario mínimo pagarían alrededor de 6%)– a cambio de recibir seguridad social y ciertos accesos al crédito para negocios o vivienda.
El gobierno estima incorporar al sector formal dos millones de informales en el primer año de aplicación y entre 200.000 y 300.000 a partir del segundo.
Actualmente, sólo un 52,6% de los mexicanos mayores de 65 años reciben su pensión. Dentro de la reforma fiscal, el gobierno busca impulsar una pensión universal de entre 580 y 1.092 pesos mensuales (43 y 81 dólares) para tratar de reducir la casi obligada participación de ancianos en el sector informal.
“Es posible que la medida pueda bajar el número de personas ocupadas en la economía informal, pero marginalmente, porque los incentivos que se están ofreciendo son muy flexibles y no son coercitivos, son voluntarios”, dijo Raymundo Tenorio Aguilar, director de Economía en la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, estimando que entre 120.000 y 240.000 personas se acogerían anualmente al régimen.
“¿Cómo voy pagar impuestos si apenas gano para sobrevivir?”, expresa enojado, de su lado, Joaquín Reyes, de 64 años.
Para David Lozano, coordinador del centro de análisis de Economía de la pública Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el gobierno sólo persigue con este régimen una medida tributaria que aumente su pobre recaudación, obviando los mecanismos con los que mejorar las condiciones laborales de los informales, un sector “que le está paliando las tasas reales de desempleo”, que oficialmente son de alrededor del 5%.
